La retórica victimista y la simpatía por el “Alcorconazo”

La teoría marca que la retórica victimista «es una técnica demagógica que consiste en descalificar al adversario mostrándolo como atacante en lugar de refutar sus afirmaciones». El sujeto «adopta el rol de víctima dentro del contexto de la discusión, de tal forma que el otro interlocutor queda posicionado implícitamente frente a terceros como un impositor autoritario y su argumentación como mera imposición o ataque». La última comisión parlamentaria de Hacienda fue un caso práctico. «Hay que ser contundentes contra la corrupción», señaló María Jesús Montero, instando a los populares a «pedir perdón» ante las «difamaciones y permanentes insidias hacia personas con cargos a los que se le ha archivado la causa, pero el PP tiene afán por arrojar sombras de duda y no le interesa recuperar el dinero público». El PP preguntó por los expedientes de reintegro caducados y las transferencias a IFA/IDEA, el ente del «fondo de reptiles».

Con el 26J a la vista, la actualidad judicial –el sobreseimiento del consejero Ramírez de Arellano en el «caso Centrius» y el auto judicial que asegura que en Jaén no se ha producido fraude en la formación, cargando contra la Policía– ha cargado a la Junta de argumentos para rescatar la teoría de la «causa general». La consejera María Jesús Montero se escudó en los citados casos. «Tienen que pedir perdón», señaló repetidamente aludiendo a Arellano, por más que, por ejemplo, en el bando popular haya sido absuelta la ex alcaldesa de Jerez María José García Pelayo y tampoco nadie haya pedido perdón públicamente. «El chicle no estira más», insistió sobre la formación, acusando al PP de «empozoñar» la vida pública y de seguir «intentando prolongar la comisión de formación y los casos que les aporta rédito electoral, pero ya no estira más». «La misma cantinela, el mismo tam-tam, erre que erre y sin pedir perdón», señaló Montero al ser cuestionada por los fondos recuperados en el «caso ERE» –855 millones en entredicho– o en la formación –tres millones de 90 reclamados, de 2.896 millones repartidos–. «La Junta, junto a la Agencia Tributaria estatal, hará lo imposible para recuperar hasta el último euro», defendió Montero.

«El victimista se disfraza de víctima, consciente o inconscientemente, simulando una agresión o menoscabo inexistente; y/o responsabilizando erróneamente al entorno o a los demás», continúa la teoría. La estrategia y la mercadotecnia –sucesivos cortes en la televisión pública incidiendo en la idea– hacen el resto. El trasfondo psicológico es el mismo que hace que durante una eliminatoria entre el Real Madrid y el Alcorcón o el Barcelona y el Numancia el aficionado vea con simpatía al rival más débil o que en Roland Garros se abucheara a Nadal o en Tour a Indurain. «La Junta no tiene interés en recuperar los fondos porque quedaría al descubierto la red clientelar», señaló el PP. La consejera aseguró que «los reintegros de la Junta los gestiona la Agencia Tributaria de Montoro».

Los objetivos de esta estrategia pasan por polarizar (se señala a un enemigo externo, a un antagonista reconocible); desacreditar («El PP va a dar lecciones, teniendo que pagar una fianza por la reforma de su sede», recordó Montero); y reforzar (la pertenencia a un grupo). La polarización y el refuerzo tienen un efecto evidente sobre el voto propio (Chaves utilizó esta estrategia del agravio con rédito durante los años de Aznar). El descrédito del rival, por su parte, persigue debilitar el voto ajeno más susceptible de cambiar de opción política así como los indecisos. Otro efecto es el del «recuerdo negativo», provocando que a la hora de la decisión electoral se asocie determinada marca con determinado caso. PP-Gürtel, PSOE-ERE o Formación, por ejemplo. Se trata de una técnica recurrente y en muchas eficaz a corto plazo –caso de Camps en Valencia, que con las acusaciones iniciales de los trajes ganó un escaño– en los casos en los que se exige la asunción de responsabilidades y se cuenta con un importante caladero de votos y otros tantos que fluctúan en su intención.El PP denunció que “todo lo que ocurre pone en evidencia que la Administración carece de mecanismos para controlar lo que se recupera. No sabemos la cuantía reclamada y la cuantía reintegrada”, señaló la diputada Ruiz Sillero, dudando de las “cifras redondas” que ofreció la Junta tras meses sin respuesta. Miranda, también por el PP, señaló que la Junta “ha denunciado al funcionario” que denunció la “falta de procedimiento” en el “caso Invercaria” en lugar de perseguir el fraude. “No es lo mismo un ilícito penal que errores contables. No utilice la fiscalización cuando le interesa”, respondió Montero, cuestionando continuamente “de qué año habla” y acusando a la oposición de crear “una apariencia de que es ahora mismo” cuando “la Junta toma nota de todos los órganos de fiscalización y no difamamos como ustedes”.