Sanidad, pronóstico reservado; oposición, cuidados intensivos

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El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, en el Pleno monográfico sobre Sanidad. Foto del Parlamento de Andalucía .

La jornada previa se cumplieron 37 años –el tiempo que el PSOE gobernó la Junta– de «Acorralado» pero el Pleno monográfico sobre Sanidad dejó indemne al consejero del ramo, Jesús Aguirre, quien acabó citando el «No es lo mismo» de Alejandro Sanz –a la postre, sobrino del histórico socialista Luis Pizarro–. Aunque el guión de la oposición, las protestas de los sanitarios y la erosión del consejero a cuenta, principalmente, de sus declaraciones y la crisis de la listeria –aunque en San Telmo lo que más escuece son las transfusiones de fondos de última hora– prometían una jornada de suspense en las Cinco Llagas, el debate viró hacia el género de terror bajo el síndrome de «Candyman», en cuya trama sólo aparece el monstruo al otro lado del espejo si se menciona tres veces. Aguirre se acordó de la ahora ministra Montero –el estreno de «La princesa prometida» cumplió 32 años– en varias ocasiones a cuenta del bloqueo de las cuentas que impide la salida a los mercados y mentó –55 años de «La pantera rosa»– «el caso ERE». Con los 680 millones cifrados en la condena de Chaves, Griñán y otra veintena de cargos socialistas que comprenden una década de gobiernos, «se podrían hacer 37 hospitales de alta resolución o lograr la equiparación salarial». Ante la petición de dimisión del portavoz socialista José Fiscal, se defendió Aguirre: «¿Y no debería dimitir Susana Díaz por los ERE? ¿Y usted dónde estaba?». Aguirre «desencadenado».

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Candyman o el sortilegio de las 35 horas

La Junta, en un anhelo de omnisciencia, busca escribir derecho con renglones torcidos. Se han buscado maneras de invocar el sortilegio aunque hasta ahora en todas ellas, como en Candyman, el resultado conlleva que Mariano Rajoy aparezca tras el espejo con un recurso favorable del Tribunal Constitucional (TC). La Junta descarta que el Gobierno central acuda de nuevo a la vía judicial. María Jesús Montero, la consejera de Hacienda y Administración Pública, defendió la competencia de la administración andaluza para organizar la jornada de trabajo. La medida afecta a los más de 250.000 empleados públicos andaluces. El número de activos en el tercer trimestre de 2017 se situó en 3.957.900 personas en Andalucía, según la EPA. Al abrigo de la Junta, como poco, tributa directamente el 7% de la población de la región y estos trabajadores no tendrán la obligación de fichar por las 2,5 horas que impone el TC sobre las 35 restablecidas al renunciar la Junta a mecanismos de «control horario» a petición sindical.

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