Candyman o el sortilegio de las 35 horas

La Junta, en un anhelo de omnisciencia, busca escribir derecho con renglones torcidos. Se han buscado maneras de invocar el sortilegio aunque hasta ahora en todas ellas, como en Candyman, el resultado conlleva que Mariano Rajoy aparezca tras el espejo con un recurso favorable del Tribunal Constitucional (TC). La Junta descarta que el Gobierno central acuda de nuevo a la vía judicial. María Jesús Montero, la consejera de Hacienda y Administración Pública, defendió la competencia de la administración andaluza para organizar la jornada de trabajo. La medida afecta a los más de 250.000 empleados públicos andaluces. El número de activos en el tercer trimestre de 2017 se situó en 3.957.900 personas en Andalucía, según la EPA. Al abrigo de la Junta, como poco, tributa directamente el 7% de la población de la región y estos trabajadores no tendrán la obligación de fichar por las 2,5 horas que impone el TC sobre las 35 restablecidas al renunciar la Junta a mecanismos de «control horario» a petición sindical.

«Nadie puede poner ni la más mínima objeción», señaló Montero sobre el acuerdo firmado ayer con CSIF, UGT y CCOO y que tomará rango de decreto en el Consejo de Gobierno de hoy para su inmediata entrada en vigor. «Si de verdad el Gobierno central considera que se trata de un problema de igualdad, que regule la jornada de 35 horas para toda España», defendió la consejera. El acuerdo con los sindicatos, aunque parezca una paradoja, se presenta como una forma de acatar la sentencia del TC en contra de la aplicación de la jornada de 35 horas semanales para los funcionarios de la Junta. Se eleva la jornada a 37,5 horas pero 35 serán presenciales y 2,5 horas se dedicarán a la preparación y organización de las tareas del puesto de trabajo y a consultas y formación.

El control del «teletrabajo» será similar al del sector docente. «Con el devenir de la medida, iremos ajustando», señaló Montero. La consejera denominó como «subterfugios» el uso de márgenes de cortesía de media hora en el acceso al puesto de trabajo para computar las 37,5 horas utilizado en otras regiones. El reconocimiento del trabajo no presencial supone una aspiración histórica de los sindicatos, respaldada por el Estatuto Básico del Empleado Público, señaló Montero sin necesidad de citar el derecho consuetudinario. La Consejería señala que no se modifican los turnos de trabajo «ni los 7.000 puestos creados con motivo de la reducción horaria». No obstante, el acuerdo recoge que «se redistribuirá el horario lectivo semanal del personal docente, a excepción del que imparte las enseñanzas de educación infantil y primaria y el de los Centros Específicos de Educación Especial». En el ámbito sanitario se mantendrán los turnos aprobados y no se alterarán las retribuciones de jornada complementaria.

Tampoco supone un desembolso extra para las arcas andaluzas. El acuerdo recoge «expresamente el compromiso de las partes firmantes de seguir negociando para avanzar en la mejora de las condiciones de trabajo del personal al servicio del sector público andaluz, siempre en función de la disponibilidad presupuestaria; especialmente, y entre otras, en el establecimiento de medidas que sigan progresando en la conciliación de la vida personal, familiar y laboral». «Las partes consideran necesario adoptar medidas transitorias para ordenar la jornada de trabajo y horarios del personal», señala el acuerdo. «La puesta en funcionamiento» de estas medidas «impedirá la destrucción de empleo público, sin perjuicio de que, además, para garantizar su normal aplicación, se adopten otras medidas sobre contratación de personal», continúa.

Los sindicatos señalaron que se trata de una medida «transitoria» hasta que el Gobierno devuelva el derecho de los empleados públicos andaluces a trabajar 35 horas, una medida que se aplica desde 1999 y que suspendió el Ejecutivo central en 2012 y restituyó la Junta en 2017. Antonio Tirado, de UGT; Agustín de la Cruz, de CC OO; y José Luis Heredia, de CSIF, recalcaron que no se burla la sentencia del TC ni hay insumisión. Para la consejera, como nunca ha existido igualdad de la jornada en la función pública en España, «no hay quiebra de trato» como alega el Gobierno, acusándole de querer convertir medidas transitorias derivada de la crisis en definitivas y recordando que antes de las medidas de austeridad nueve comunidades ya contemplaban la jornada de 35 horas. Montero señaló que el presidente del PP-A, Juanma Moreno, «no puede permanecer con la cabeza debajo del ala; no sé si no influyó o ni siquiera intercedió sobre las 35 horas». El vicepresidente Jiménez Barrios afeó al líder popular andaluz que se comprometiera con los sindicatos «y no ha sido capaz de cumplir con su palabra». Podemos tendió la mano a la Junta frente al «acoso y derribo» del PP. IU pedirá hoy la alteración del orden del día del Pleno para que Montero comparezca en el Parlamento. El PP-A exige a la Junta que «no juegue con los funcionarios» y busque una fórmula que dé «seguridad jurídica».

MO La consejera, Maria Jesus Montero, se reune con los sindicatos 020

La consejera María Jesús Montero, en el edificio de Torre Triana. Foto de Manuel Olmedo

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La corrupción que no cesa

La jueza Mercede

La jueza Mercedes Alaya. Cedida por Manuel Olmedo.

En los debates de campaña, los partidos han acordado denominar «Transparencia» al apartado en el que sacan la artillería sobre la corrupción. En el primero y penúltimo, en Canal Sur, Juanma Moreno tiró de recurso fotográfico para retratar a Susana Díaz flanqueada por Chaves y Griñán. Díaz respondió a Moreno con una portada en la que aparecía entre «los bienpagados» del PP en relación al «caso Bárcenas». La corrupción, tan instalada en el día a día de la política andaluza, entra en campaña.

La estrategia contemplada por Susana Díaz cuando decidió adelantar las elecciones se enturbió cuando el Supremo llamó a declarar a Chaves y Griñán. La presidenta contaba con ser la primera fuerza en intención de voto. También preveía posibles movimientos desde el juzgado de Mercedes Alaya, de ahí que se apresurara a blindar a los consejeros señalados en la Diputación Permanente del Parlamento. Los imponderables se han presentado de forma exógena y endógena. Pedro Sánchez «cortó» la cabeza de Tomás Gómez en Madrid, acabando con uno de los posibles apoyos de la presidenta andaluza de cara al hipotético asalto al tablero nacional. El fuego amigo hizo pupa y Sánchez sólo está en cartel para los mítines andaluces en dos ocasiones. El viernes en Almería apenas se trataron fuera del escenario. Ayer Díaz dio por hecho que Rajoy gobernará los próximos 4 años.

El Supremo citó en calidad de imputados a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, esto es, quien la colocó a ella a dedo como presidenta y quien a su vez hizo lo propio con su valedor. Además, están citados varios ex consejeros: Zarrías, Moreno y José Antonio Viera, de quien Díaz fue mano derecha y sucesora en el PSOE de Sevilla. Casi paralelamente y hasta hace unos días, la operación «Edu» culminó una nueva fase, con cientos de detenciones. Los ERE, las facturas falsas, los fondos de formación, Invercaria, el caso Madeja o antes el «caso Malaya» forman parte de la crónica andaluza desde hace más de una década. Esta inestabilidad se fraguó en forma de bipartito en 2012.

«Malaya» pasa por el mayor caso de corrupción urbanística en España. La investigación arrancó en 2005 y provocó que por primera vez una gestora se hiciera cargo de un Ayuntamiento. El fraude rondó los 2.400 millones. El «caso Edu» investiga las supuestas irregularidades en la formación a cargo del Servicio Andaluz de Empleo, arrancó en 2014. El ex consejero de la Junta Ángel Ojeda, presuntamente, es uno de los grandes beneficiados. Podría haber recibido más de 50 millones. La «operación Edu» suma ya 245 imputados. Las ayudas superan los 2.000 millones, aunque está por ver qué cantidad es la defraudada.

El «caso ERE» nace del «caso Mercasevilla» (2009), en el que se grabó a los directivos pidiendo «mordidas», «para carteles de Felipe y los niños saharauis». «La Junta ayuda a quien le ayuda» es una de las frases más recordadas. El «caso de los ERE» ha pasado de un fraude de «cuatro golfos», como sostenían los socialistas, a la imputación de hasta los ex presidentes. La llamada «paz social» –el argumento base del «fondo de reptiles»– ha salido muy cara a las cuentas públicas y está por ver quién paga la cuenta. La paz social en Andalucía, como la muerte en la película de Sergio Leone, tenía un precio. Desde 1991 hasta ahora, alrededor de 128.000 millones bajo el marchamo de la legalidad. Con ese montante, se podrían haber adjudicado 32 obras como las del Canal de Panamá. La causa cuenta con unos 270 imputados y el fraude estimado por la juez Alaya es de 855 millones. Más de 60 son cargos y ex altos cargos de la Junta; más de 40, de empresas; una quincena de sindicalistas; otros tantos de mediadoras; una decena de abogados; cerca de 75 intrusos; y varios testaferros.

El «caso Invercaria» estudia las inversiones de capital-riesgo de un ente de la Junta. Hay una treintena de empresas investigadas que recibieron ayudas pese a que sus proyectos tenía una mínima base. El fraude puede elevarse a unos 50 millones.

El «caso Madeja» o «Fitonovo» se centra en el pago de mordidas por parte de esta empresa en diferentes administraciones para la obtención de contratos públicos; rebasa las fronteras andaluzas. Las mordidas superan los 4 millones. Sólo en el Ayuntamiento de Sevilla, la empresa habría obtenido contratos de más de 45 millones.

Los sindicatos de clase, a diferencia de las pasadas elecciones, cuando apoyaron a Griñán, están mostrando un perfil bajo. UGT está salpicado por el «caso de las facturas falsas» y, como CCOO, por el «caso ERE», en el que se les acusa del cobro de sobrecomisiones. La Junta ya ha pedido la devolución de más de 15 millones sin justificar a UGT.

La corrupción es el segundo problema para los andaluces, con un 49%, tras el paro, con casi el 89%. El mismo estudio del Cadpea previo a las elecciones de 2012 posicionaba a la corrupción como el tercer problema (20,7%), tras el paro (90,5%). El PSOE logró el peor resultado que se le recuerda en la comunidad, perdió las elecciones pero le valió para seguir gobernando. Ahora, parece que el hartazgo por la corrupción es aún mayor. El «efecto Susana» se la juega al todo o nada.

Entre los citados casos, el fraude puede rondar los 5.500 millones, esto es, la mitad del Presupuesto de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales para este año, apenas 500 millones menos que el montante de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte; o el doble que lo destinado a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

Díaz, oficialmente, rompió el pacto por la inestabilidad que le daba el teórico acercamiento nacional de IU a Podemos. De confirmarse las encuestas, la presidenta se verá abocada de nuevo a pactar. El desgaste político se antoja obvio. Si bien, en las pasadas elecciones Griñán estaba tanto o más señalado por los casos de corrupción y el castigo electoral le dio para seguir gobernando. El pueblo tiene razones que la Justicia no entiende.