La retórica victimista y la simpatía por el “Alcorconazo”

La teoría marca que la retórica victimista «es una técnica demagógica que consiste en descalificar al adversario mostrándolo como atacante en lugar de refutar sus afirmaciones». El sujeto «adopta el rol de víctima dentro del contexto de la discusión, de tal forma que el otro interlocutor queda posicionado implícitamente frente a terceros como un impositor autoritario y su argumentación como mera imposición o ataque». La última comisión parlamentaria de Hacienda fue un caso práctico. «Hay que ser contundentes contra la corrupción», señaló María Jesús Montero, instando a los populares a «pedir perdón» ante las «difamaciones y permanentes insidias hacia personas con cargos a los que se le ha archivado la causa, pero el PP tiene afán por arrojar sombras de duda y no le interesa recuperar el dinero público». El PP preguntó por los expedientes de reintegro caducados y las transferencias a IFA/IDEA, el ente del «fondo de reptiles».

Con el 26J a la vista, la actualidad judicial –el sobreseimiento del consejero Ramírez de Arellano en el «caso Centrius» y el auto judicial que asegura que en Jaén no se ha producido fraude en la formación, cargando contra la Policía– ha cargado a la Junta de argumentos para rescatar la teoría de la «causa general». La consejera María Jesús Montero se escudó en los citados casos. «Tienen que pedir perdón», señaló repetidamente aludiendo a Arellano, por más que, por ejemplo, en el bando popular haya sido absuelta la ex alcaldesa de Jerez María José García Pelayo y tampoco nadie haya pedido perdón públicamente. «El chicle no estira más», insistió sobre la formación, acusando al PP de «empozoñar» la vida pública y de seguir «intentando prolongar la comisión de formación y los casos que les aporta rédito electoral, pero ya no estira más». «La misma cantinela, el mismo tam-tam, erre que erre y sin pedir perdón», señaló Montero al ser cuestionada por los fondos recuperados en el «caso ERE» –855 millones en entredicho– o en la formación –tres millones de 90 reclamados, de 2.896 millones repartidos–. «La Junta, junto a la Agencia Tributaria estatal, hará lo imposible para recuperar hasta el último euro», defendió Montero.

«El victimista se disfraza de víctima, consciente o inconscientemente, simulando una agresión o menoscabo inexistente; y/o responsabilizando erróneamente al entorno o a los demás», continúa la teoría. La estrategia y la mercadotecnia –sucesivos cortes en la televisión pública incidiendo en la idea– hacen el resto. El trasfondo psicológico es el mismo que hace que durante una eliminatoria entre el Real Madrid y el Alcorcón o el Barcelona y el Numancia el aficionado vea con simpatía al rival más débil o que en Roland Garros se abucheara a Nadal o en Tour a Indurain. «La Junta no tiene interés en recuperar los fondos porque quedaría al descubierto la red clientelar», señaló el PP. La consejera aseguró que «los reintegros de la Junta los gestiona la Agencia Tributaria de Montoro».

Los objetivos de esta estrategia pasan por polarizar (se señala a un enemigo externo, a un antagonista reconocible); desacreditar («El PP va a dar lecciones, teniendo que pagar una fianza por la reforma de su sede», recordó Montero); y reforzar (la pertenencia a un grupo). La polarización y el refuerzo tienen un efecto evidente sobre el voto propio (Chaves utilizó esta estrategia del agravio con rédito durante los años de Aznar). El descrédito del rival, por su parte, persigue debilitar el voto ajeno más susceptible de cambiar de opción política así como los indecisos. Otro efecto es el del «recuerdo negativo», provocando que a la hora de la decisión electoral se asocie determinada marca con determinado caso. PP-Gürtel, PSOE-ERE o Formación, por ejemplo. Se trata de una técnica recurrente y en muchas eficaz a corto plazo –caso de Camps en Valencia, que con las acusaciones iniciales de los trajes ganó un escaño– en los casos en los que se exige la asunción de responsabilidades y se cuenta con un importante caladero de votos y otros tantos que fluctúan en su intención.El PP denunció que “todo lo que ocurre pone en evidencia que la Administración carece de mecanismos para controlar lo que se recupera. No sabemos la cuantía reclamada y la cuantía reintegrada”, señaló la diputada Ruiz Sillero, dudando de las “cifras redondas” que ofreció la Junta tras meses sin respuesta. Miranda, también por el PP, señaló que la Junta “ha denunciado al funcionario” que denunció la “falta de procedimiento” en el “caso Invercaria” en lugar de perseguir el fraude. “No es lo mismo un ilícito penal que errores contables. No utilice la fiscalización cuando le interesa”, respondió Montero, cuestionando continuamente “de qué año habla” y acusando a la oposición de crear “una apariencia de que es ahora mismo” cuando “la Junta toma nota de todos los órganos de fiscalización y no difamamos como ustedes”.

Metonimia (o sinécdoque) existencial

carta DelegaciónTres décadas y media de Gobierno dan, como poco, para caer en una metonimia (o sinécdoque)  existencial, institucional o instrumental, esto es, confundir la parte con el todo, a la candidata con Andalucía  –como en la reciente campaña electoral ultrapersonalista, que arrancó incluso en coche oficial–, a la Junta con el PSOE.
«Queridos compañeros/as y amigos/as: Ya ha pasado el período electoral, con el resultado de victoria para el partido socialista, que todos conocéis. Mi agradecimiento más sincero y personal por vuestro trabajo, por la gestión que entre todos y todas hemos realizado, para dar la mejor cara que podemos ofrecer de la Junta de Andalucía (…)Han sido dos semanas apasionantes y hoy hemos recogido los frutos para que Andalucía siga siendo una tierra de igualdad, con un futuro que construiremos entre todos día a día». Firma estos párrafos la delegada de Educación, Cultura y Deporte de Córdoba, con el membrete oficial de la Junta incluido, Manuela Gómez Camacho. «Te ruego que transmitas mi agradecimiento a todas las personas que componen esta Delegación de Educación, Cultura y Deporte por su esfuerzo, profesionalidad e implicación con esta noble tarea». Pese a firmar la epístola con el citado contenido y tras hacerse pública la misma, la delegada aseguró que se trató de un «lamentable error» y que se trataba de un correo interno para sus colaboradores más próximos.

La Fiscalía Anticorrupción ya cuenta con una denuncia contra Irene Sabalete, delegada de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Jaén, detenida en la «operación Barrado» en su condición de ex delegada de Empleo y cuya grabación arengando a los trabajadores de Empleo e instándoles a hacer de «testigos de Jehová» del PSOE en la campaña de 2012 trascendió esta semana. «El consejero nos dijo clarísimo que los directores y el personal que está en el consorcio está totalmente garantizado, su continuidad, siempre y cuando ganemos las elecciones. Con esto os quiero decir que sepáis qué tenemos entre manos. Me da igual la ideología, aquí entiendo que sois leales con el Gobierno que os dar trabajo. Personalmente, os jugáis seguir trabajando aquí o que cada uno se busque la vida como pueda. Y el consejero lo dijo sin paños calientes, y yo lo digo también, que a partir del lunes que acaba la ola de frío, os quiero a todos, si queréis, y si os comprometéis con este proyecto y con la continuidad personal vuestra, haciendo campaña electoral», señala la grabación atribuida a Irene Sabalete, arrestada el martes en el marco de la «operación Barrado» contra el presunto fraude en los fondos de formación. «Os quiero desde que pase la ola de frío hasta el 23 de marzo en la calle, que nadie esté en la oficina, y si no podéis meter los datos, la gestión dejarla un poco aparte, totalmente aparta, os quiero a todos en la calle, visitando a las empresas a las que les hemos dado ayuda», continúa el audio. El consejero de Justicia e Interior en funciones, Emilio de Llera, comentó que «no le parece muy estética» la actitud de Sabalete, sin abordar el fondo. Ya lo dijo Laura Gómiz, ex directora de Invercaria, en otro audio en poder judicial: «Si me comprometiera con la ética, no estaría trabajando en esta organización». Aquello de Groucho Marx: «Jamás aceptaría pertenecer a un club que admitiera como miembro a alguien como yo».

Otra grabación fue el germen del «caso Mercasevilla», causa que, a su vez, originó la instrucción de los ERE y, después, de los fondos de formación. En esta grabación, el ex director gerente de Mercasevilla Fernando Mellet y su adjunto Daniel Ponce –ambos condenados en firme por el Supremo– solicitaban el pago de 450.000 euros a unos empresarios a cambio de la concesión de una escuela de hostelería. En la grabación, aseguraban que la «mordida» no era para ellos sino «para carteles de Felipe» y «para los niños saharauis». «Una cuestión que es la más espinosa, la colaboración con la Junta. La Junta tiene normalmente un esquema de funcionamiento muy simple: yo colaboro con quien colabora». Con el voto sucede como con la concesión de ayudas. Es inocente hasta que se demuestra lo contrario.

La corrupción que no cesa

La jueza Mercede

La jueza Mercedes Alaya. Cedida por Manuel Olmedo.

En los debates de campaña, los partidos han acordado denominar «Transparencia» al apartado en el que sacan la artillería sobre la corrupción. En el primero y penúltimo, en Canal Sur, Juanma Moreno tiró de recurso fotográfico para retratar a Susana Díaz flanqueada por Chaves y Griñán. Díaz respondió a Moreno con una portada en la que aparecía entre «los bienpagados» del PP en relación al «caso Bárcenas». La corrupción, tan instalada en el día a día de la política andaluza, entra en campaña.

La estrategia contemplada por Susana Díaz cuando decidió adelantar las elecciones se enturbió cuando el Supremo llamó a declarar a Chaves y Griñán. La presidenta contaba con ser la primera fuerza en intención de voto. También preveía posibles movimientos desde el juzgado de Mercedes Alaya, de ahí que se apresurara a blindar a los consejeros señalados en la Diputación Permanente del Parlamento. Los imponderables se han presentado de forma exógena y endógena. Pedro Sánchez «cortó» la cabeza de Tomás Gómez en Madrid, acabando con uno de los posibles apoyos de la presidenta andaluza de cara al hipotético asalto al tablero nacional. El fuego amigo hizo pupa y Sánchez sólo está en cartel para los mítines andaluces en dos ocasiones. El viernes en Almería apenas se trataron fuera del escenario. Ayer Díaz dio por hecho que Rajoy gobernará los próximos 4 años.

El Supremo citó en calidad de imputados a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, esto es, quien la colocó a ella a dedo como presidenta y quien a su vez hizo lo propio con su valedor. Además, están citados varios ex consejeros: Zarrías, Moreno y José Antonio Viera, de quien Díaz fue mano derecha y sucesora en el PSOE de Sevilla. Casi paralelamente y hasta hace unos días, la operación «Edu» culminó una nueva fase, con cientos de detenciones. Los ERE, las facturas falsas, los fondos de formación, Invercaria, el caso Madeja o antes el «caso Malaya» forman parte de la crónica andaluza desde hace más de una década. Esta inestabilidad se fraguó en forma de bipartito en 2012.

«Malaya» pasa por el mayor caso de corrupción urbanística en España. La investigación arrancó en 2005 y provocó que por primera vez una gestora se hiciera cargo de un Ayuntamiento. El fraude rondó los 2.400 millones. El «caso Edu» investiga las supuestas irregularidades en la formación a cargo del Servicio Andaluz de Empleo, arrancó en 2014. El ex consejero de la Junta Ángel Ojeda, presuntamente, es uno de los grandes beneficiados. Podría haber recibido más de 50 millones. La «operación Edu» suma ya 245 imputados. Las ayudas superan los 2.000 millones, aunque está por ver qué cantidad es la defraudada.

El «caso ERE» nace del «caso Mercasevilla» (2009), en el que se grabó a los directivos pidiendo «mordidas», «para carteles de Felipe y los niños saharauis». «La Junta ayuda a quien le ayuda» es una de las frases más recordadas. El «caso de los ERE» ha pasado de un fraude de «cuatro golfos», como sostenían los socialistas, a la imputación de hasta los ex presidentes. La llamada «paz social» –el argumento base del «fondo de reptiles»– ha salido muy cara a las cuentas públicas y está por ver quién paga la cuenta. La paz social en Andalucía, como la muerte en la película de Sergio Leone, tenía un precio. Desde 1991 hasta ahora, alrededor de 128.000 millones bajo el marchamo de la legalidad. Con ese montante, se podrían haber adjudicado 32 obras como las del Canal de Panamá. La causa cuenta con unos 270 imputados y el fraude estimado por la juez Alaya es de 855 millones. Más de 60 son cargos y ex altos cargos de la Junta; más de 40, de empresas; una quincena de sindicalistas; otros tantos de mediadoras; una decena de abogados; cerca de 75 intrusos; y varios testaferros.

El «caso Invercaria» estudia las inversiones de capital-riesgo de un ente de la Junta. Hay una treintena de empresas investigadas que recibieron ayudas pese a que sus proyectos tenía una mínima base. El fraude puede elevarse a unos 50 millones.

El «caso Madeja» o «Fitonovo» se centra en el pago de mordidas por parte de esta empresa en diferentes administraciones para la obtención de contratos públicos; rebasa las fronteras andaluzas. Las mordidas superan los 4 millones. Sólo en el Ayuntamiento de Sevilla, la empresa habría obtenido contratos de más de 45 millones.

Los sindicatos de clase, a diferencia de las pasadas elecciones, cuando apoyaron a Griñán, están mostrando un perfil bajo. UGT está salpicado por el «caso de las facturas falsas» y, como CCOO, por el «caso ERE», en el que se les acusa del cobro de sobrecomisiones. La Junta ya ha pedido la devolución de más de 15 millones sin justificar a UGT.

La corrupción es el segundo problema para los andaluces, con un 49%, tras el paro, con casi el 89%. El mismo estudio del Cadpea previo a las elecciones de 2012 posicionaba a la corrupción como el tercer problema (20,7%), tras el paro (90,5%). El PSOE logró el peor resultado que se le recuerda en la comunidad, perdió las elecciones pero le valió para seguir gobernando. Ahora, parece que el hartazgo por la corrupción es aún mayor. El «efecto Susana» se la juega al todo o nada.

Entre los citados casos, el fraude puede rondar los 5.500 millones, esto es, la mitad del Presupuesto de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales para este año, apenas 500 millones menos que el montante de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte; o el doble que lo destinado a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

Díaz, oficialmente, rompió el pacto por la inestabilidad que le daba el teórico acercamiento nacional de IU a Podemos. De confirmarse las encuestas, la presidenta se verá abocada de nuevo a pactar. El desgaste político se antoja obvio. Si bien, en las pasadas elecciones Griñán estaba tanto o más señalado por los casos de corrupción y el castigo electoral le dio para seguir gobernando. El pueblo tiene razones que la Justicia no entiende.