La retórica victimista y la simpatía por el “Alcorconazo”

La teoría marca que la retórica victimista «es una técnica demagógica que consiste en descalificar al adversario mostrándolo como atacante en lugar de refutar sus afirmaciones». El sujeto «adopta el rol de víctima dentro del contexto de la discusión, de tal forma que el otro interlocutor queda posicionado implícitamente frente a terceros como un impositor autoritario y su argumentación como mera imposición o ataque». La última comisión parlamentaria de Hacienda fue un caso práctico. «Hay que ser contundentes contra la corrupción», señaló María Jesús Montero, instando a los populares a «pedir perdón» ante las «difamaciones y permanentes insidias hacia personas con cargos a los que se le ha archivado la causa, pero el PP tiene afán por arrojar sombras de duda y no le interesa recuperar el dinero público». El PP preguntó por los expedientes de reintegro caducados y las transferencias a IFA/IDEA, el ente del «fondo de reptiles».

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Metonimia (o sinécdoque) existencial

carta DelegaciónTres décadas y media de Gobierno dan, como poco, para caer en una metonimia (o sinécdoque)  existencial, institucional o instrumental, esto es, confundir la parte con el todo, a la candidata con Andalucía  –como en la reciente campaña electoral ultrapersonalista, que arrancó incluso en coche oficial–, a la Junta con el PSOE.
«Queridos compañeros/as y amigos/as: Ya ha pasado el período electoral, con el resultado de victoria para el partido socialista, que todos conocéis. Mi agradecimiento más sincero y personal por vuestro trabajo, por la gestión que entre todos y todas hemos realizado, para dar la mejor cara que podemos ofrecer de la Junta de Andalucía (…)Han sido dos semanas apasionantes y hoy hemos recogido los frutos para que Andalucía siga siendo una tierra de igualdad, con un futuro que construiremos entre todos día a día». Firma estos párrafos la delegada de Educación, Cultura y Deporte de Córdoba, con el membrete oficial de la Junta incluido, Manuela Gómez Camacho. «Te ruego que transmitas mi agradecimiento a todas las personas que componen esta Delegación de Educación, Cultura y Deporte por su esfuerzo, profesionalidad e implicación con esta noble tarea». Pese a firmar la epístola con el citado contenido y tras hacerse pública la misma, la delegada aseguró que se trató de un «lamentable error» y que se trataba de un correo interno para sus colaboradores más próximos.

La Fiscalía Anticorrupción ya cuenta con una denuncia contra Irene Sabalete, delegada de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Jaén, detenida en la «operación Barrado» en su condición de ex delegada de Empleo y cuya grabación arengando a los trabajadores de Empleo e instándoles a hacer de «testigos de Jehová» del PSOE en la campaña de 2012 trascendió esta semana. «El consejero nos dijo clarísimo que los directores y el personal que está en el consorcio está totalmente garantizado, su continuidad, siempre y cuando ganemos las elecciones. Con esto os quiero decir que sepáis qué tenemos entre manos. Me da igual la ideología, aquí entiendo que sois leales con el Gobierno que os dar trabajo. Personalmente, os jugáis seguir trabajando aquí o que cada uno se busque la vida como pueda. Y el consejero lo dijo sin paños calientes, y yo lo digo también, que a partir del lunes que acaba la ola de frío, os quiero a todos, si queréis, y si os comprometéis con este proyecto y con la continuidad personal vuestra, haciendo campaña electoral», señala la grabación atribuida a Irene Sabalete, arrestada el martes en el marco de la «operación Barrado» contra el presunto fraude en los fondos de formación. «Os quiero desde que pase la ola de frío hasta el 23 de marzo en la calle, que nadie esté en la oficina, y si no podéis meter los datos, la gestión dejarla un poco aparte, totalmente aparta, os quiero a todos en la calle, visitando a las empresas a las que les hemos dado ayuda», continúa el audio. El consejero de Justicia e Interior en funciones, Emilio de Llera, comentó que «no le parece muy estética» la actitud de Sabalete, sin abordar el fondo. Ya lo dijo Laura Gómiz, ex directora de Invercaria, en otro audio en poder judicial: «Si me comprometiera con la ética, no estaría trabajando en esta organización». Aquello de Groucho Marx: «Jamás aceptaría pertenecer a un club que admitiera como miembro a alguien como yo».

Otra grabación fue el germen del «caso Mercasevilla», causa que, a su vez, originó la instrucción de los ERE y, después, de los fondos de formación. En esta grabación, el ex director gerente de Mercasevilla Fernando Mellet y su adjunto Daniel Ponce –ambos condenados en firme por el Supremo– solicitaban el pago de 450.000 euros a unos empresarios a cambio de la concesión de una escuela de hostelería. En la grabación, aseguraban que la «mordida» no era para ellos sino «para carteles de Felipe» y «para los niños saharauis». «Una cuestión que es la más espinosa, la colaboración con la Junta. La Junta tiene normalmente un esquema de funcionamiento muy simple: yo colaboro con quien colabora». Con el voto sucede como con la concesión de ayudas. Es inocente hasta que se demuestra lo contrario.

La corrupción que no cesa

La jueza Mercede

La jueza Mercedes Alaya. Cedida por Manuel Olmedo.

En los debates de campaña, los partidos han acordado denominar «Transparencia» al apartado en el que sacan la artillería sobre la corrupción. En el primero y penúltimo, en Canal Sur, Juanma Moreno tiró de recurso fotográfico para retratar a Susana Díaz flanqueada por Chaves y Griñán. Díaz respondió a Moreno con una portada en la que aparecía entre «los bienpagados» del PP en relación al «caso Bárcenas». La corrupción, tan instalada en el día a día de la política andaluza, entra en campaña.

La estrategia contemplada por Susana Díaz cuando decidió adelantar las elecciones se enturbió cuando el Supremo llamó a declarar a Chaves y Griñán. La presidenta contaba con ser la primera fuerza en intención de voto. También preveía posibles movimientos desde el juzgado de Mercedes Alaya, de ahí que se apresurara a blindar a los consejeros señalados en la Diputación Permanente del Parlamento. Los imponderables se han presentado de forma exógena y endógena. Pedro Sánchez «cortó» la cabeza de Tomás Gómez en Madrid, acabando con uno de los posibles apoyos de la presidenta andaluza de cara al hipotético asalto al tablero nacional. El fuego amigo hizo pupa y Sánchez sólo está en cartel para los mítines andaluces en dos ocasiones. El viernes en Almería apenas se trataron fuera del escenario. Ayer Díaz dio por hecho que Rajoy gobernará los próximos 4 años.

El Supremo citó en calidad de imputados a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, esto es, quien la colocó a ella a dedo como presidenta y quien a su vez hizo lo propio con su valedor. Además, están citados varios ex consejeros: Zarrías, Moreno y José Antonio Viera, de quien Díaz fue mano derecha y sucesora en el PSOE de Sevilla. Casi paralelamente y hasta hace unos días, la operación «Edu» culminó una nueva fase, con cientos de detenciones. Los ERE, las facturas falsas, los fondos de formación, Invercaria, el caso Madeja o antes el «caso Malaya» forman parte de la crónica andaluza desde hace más de una década. Esta inestabilidad se fraguó en forma de bipartito en 2012.

«Malaya» pasa por el mayor caso de corrupción urbanística en España. La investigación arrancó en 2005 y provocó que por primera vez una gestora se hiciera cargo de un Ayuntamiento. El fraude rondó los 2.400 millones. El «caso Edu» investiga las supuestas irregularidades en la formación a cargo del Servicio Andaluz de Empleo, arrancó en 2014. El ex consejero de la Junta Ángel Ojeda, presuntamente, es uno de los grandes beneficiados. Podría haber recibido más de 50 millones. La «operación Edu» suma ya 245 imputados. Las ayudas superan los 2.000 millones, aunque está por ver qué cantidad es la defraudada.

El «caso ERE» nace del «caso Mercasevilla» (2009), en el que se grabó a los directivos pidiendo «mordidas», «para carteles de Felipe y los niños saharauis». «La Junta ayuda a quien le ayuda» es una de las frases más recordadas. El «caso de los ERE» ha pasado de un fraude de «cuatro golfos», como sostenían los socialistas, a la imputación de hasta los ex presidentes. La llamada «paz social» –el argumento base del «fondo de reptiles»– ha salido muy cara a las cuentas públicas y está por ver quién paga la cuenta. La paz social en Andalucía, como la muerte en la película de Sergio Leone, tenía un precio. Desde 1991 hasta ahora, alrededor de 128.000 millones bajo el marchamo de la legalidad. Con ese montante, se podrían haber adjudicado 32 obras como las del Canal de Panamá. La causa cuenta con unos 270 imputados y el fraude estimado por la juez Alaya es de 855 millones. Más de 60 son cargos y ex altos cargos de la Junta; más de 40, de empresas; una quincena de sindicalistas; otros tantos de mediadoras; una decena de abogados; cerca de 75 intrusos; y varios testaferros.

El «caso Invercaria» estudia las inversiones de capital-riesgo de un ente de la Junta. Hay una treintena de empresas investigadas que recibieron ayudas pese a que sus proyectos tenía una mínima base. El fraude puede elevarse a unos 50 millones.

El «caso Madeja» o «Fitonovo» se centra en el pago de mordidas por parte de esta empresa en diferentes administraciones para la obtención de contratos públicos; rebasa las fronteras andaluzas. Las mordidas superan los 4 millones. Sólo en el Ayuntamiento de Sevilla, la empresa habría obtenido contratos de más de 45 millones.

Los sindicatos de clase, a diferencia de las pasadas elecciones, cuando apoyaron a Griñán, están mostrando un perfil bajo. UGT está salpicado por el «caso de las facturas falsas» y, como CCOO, por el «caso ERE», en el que se les acusa del cobro de sobrecomisiones. La Junta ya ha pedido la devolución de más de 15 millones sin justificar a UGT.

La corrupción es el segundo problema para los andaluces, con un 49%, tras el paro, con casi el 89%. El mismo estudio del Cadpea previo a las elecciones de 2012 posicionaba a la corrupción como el tercer problema (20,7%), tras el paro (90,5%). El PSOE logró el peor resultado que se le recuerda en la comunidad, perdió las elecciones pero le valió para seguir gobernando. Ahora, parece que el hartazgo por la corrupción es aún mayor. El «efecto Susana» se la juega al todo o nada.

Entre los citados casos, el fraude puede rondar los 5.500 millones, esto es, la mitad del Presupuesto de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales para este año, apenas 500 millones menos que el montante de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte; o el doble que lo destinado a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

Díaz, oficialmente, rompió el pacto por la inestabilidad que le daba el teórico acercamiento nacional de IU a Podemos. De confirmarse las encuestas, la presidenta se verá abocada de nuevo a pactar. El desgaste político se antoja obvio. Si bien, en las pasadas elecciones Griñán estaba tanto o más señalado por los casos de corrupción y el castigo electoral le dio para seguir gobernando. El pueblo tiene razones que la Justicia no entiende.