Entre la mitología y la demagogia

La reforma del sistema de financiación se ha convertido en el principal argumento del PSOE de cara a unas hipotéticas elecciones. La Junta, que abrió un frente común con todos los agentes sociales tras la derrota de Susana Díaz en las primarias socialistas, urge a la reforma. Los tiempos, no obstante, no coinciden con los argumentos que van esgrimiendo los diferentes expertos que se citan desde el 13 de septiembre en el grupo de trabajo abierto en el Parlamento. Mientras los políticos hablan de puertas para afuera de la urgencia de la reforma, de puertas para adentro, los técnicos describen la anatomía del hipotético cambio del sistema de financiación con los rasgos de un animal mitológico.

Este semana, el portavoz del grupo socialista en la Cámara, Mario Jiménez, llamaba «a la responsabilidad de los grupos para que seamos capaces de, en 10 o 15 días, empezar a consensuar las conclusiones del grupo de trabajo y que Andalucía pueda tener la financiación que necesita y acabar con el castigo del PP». Las palabras de Jiménez difieren de las opiniones de los expertos, que señalan la dificultad de la materia. Tal es el grado de la problemática que ni el propio PSOE-A se ha sentado aún con su dirección federal para conjugar una postura conjunta. Esta semana, Pedro Sánchez sorprendió en Granada con su propuesta del sistema de pensiones.

En la última sesión del grupo de trabajo, el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo Santiago Lago Peñas advertía de que «tenemos una reforma de la financiación autonómica por delante, que es urgente, es necesaria y es difícil; hay que reconocer que es difícil». Lago Peñas abría el melón de las diferencias con las comunidades de régimen foral, un debate en el que los grupos, ni siquiera el PSOE como precursor de la reforma desde Andalucía, se atreve a entrar. «El sistema foral es una anomalía desde una prospectiva comparada». «Además, la forma en la que se aplica acaba generando un volumen de recursos extraordinario en comparación al resto para una presión fiscal que está por debajo de lo que existe en territorio común». «Hay tres casos extraños en España: «País Vasco, Navarra y Canarias». «Si dejamos al margen las forales, las de común tienen en general un problema de suficiencia que tiene que ver fundamentalmente con que en España queremos una cartera de servicios potente, con una sanidad universal buena, con una educación pública de calidad y con unos copagos y unas tasas ya en el escalón universitario que son bajas en perspectiva internacional», expuso. «Queremos ley de dependencia, unas buenas pensiones, queremos un montón de cosas, pero, claro, luego no recaudamos, no tenemos recursos para eso», señaló. «Somos incoherentes colectivamente», diagnosticó. «Tenemos un problema de insuficiencia generalizado y a mi juicio la reforma de la financiación autonómica tendría que venir acompañada desde la reforma fiscal de verdad, no una reforma de parches y remiendos sino una reforma que afronte los diferentes problemas del sistema entre los cuales aparece su capacidad recaudatoria», añadió, señalando que «en toda la UE somos el país con un sistema tributario más descentralizado», «en el top cinco mundial de descentralización de ingresos». El experto señaló que a «Andalucía lo que le interesa muchísimo es la nivelación total», esto es, «que se vuelva a lo que había antes de 2009». Es decir, una enmienda a la totalidad a la reforma del Gobierno Zapatero que contó con el beneplácito expreso de la Junta.

El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid Ruiz Huerta Carbonell recordó que «conseguir acuerdos constituye una tarea especialmente complicada» y apuntó que «hablar de la financiación sin tener en cuenta la crisis es dejar el análisis muy cojo». «Una vez aprobado el sistema de 2009 y firmado por todos los partidos, pasó apenas un año para ponerse todos de acuerdo en que era un desastre, lo cual da también idea del mundo en que vivimos, las presiones que se viven», señaló. Ruiz también advirtió de que el sistema con las comunidades forales, «sin precedentes en el ámbito internacional», «plantea una dificultad enorme». El problema del «statu quo». Ángel de la Fuente, director de Fedea, uno de los mayores expertos en la materia, recordó que el sistema de reparto no es «la carta a los Reyes Magos». Pese a las prisas de cara a la galería del PSOE-A, el grupo de trabajo determinó que sus conclusiones no irán al Parlamento hasta abril. Montoro tampoco tiene prisa. Las eminencias en la materia coinciden: la vía para tener más recursos pasa por subir impuestos. «Y si alguien quiere, que dé la cara, que los ciudadanos sepan quién los sube y a qué se destinan», apuntó De la Fuente. Todo lo cual, incluida la encuesta electoral que el PSOE-A se ha dedicado a difundir y que dibuja al partido de Susana Díaz como el único con capacidad para formar Gobierno en Andalucía, remite a Henry Kissinger: «En política no interesa la verdad; lo que cuenta es lo que la gente percibe como verdad». «La ciudadanía castiga a una oposición destructiva que no está defendiendo los intereses de nuestra tierra», señaló Mario Jiménez sobre la encuesta de intención de voto.

GRUPO DE TRABAJO

El grupo de trabajo del Parlamento no llevará sus conclusiones a la Cámara hasta abril. Foto: Parlamento de Andalucía

 

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Candyman o el sortilegio de las 35 horas

La Junta, en un anhelo de omnisciencia, busca escribir derecho con renglones torcidos. Se han buscado maneras de invocar el sortilegio aunque hasta ahora en todas ellas, como en Candyman, el resultado conlleva que Mariano Rajoy aparezca tras el espejo con un recurso favorable del Tribunal Constitucional (TC). La Junta descarta que el Gobierno central acuda de nuevo a la vía judicial. María Jesús Montero, la consejera de Hacienda y Administración Pública, defendió la competencia de la administración andaluza para organizar la jornada de trabajo. La medida afecta a los más de 250.000 empleados públicos andaluces. El número de activos en el tercer trimestre de 2017 se situó en 3.957.900 personas en Andalucía, según la EPA. Al abrigo de la Junta, como poco, tributa directamente el 7% de la población de la región y estos trabajadores no tendrán la obligación de fichar por las 2,5 horas que impone el TC sobre las 35 restablecidas al renunciar la Junta a mecanismos de «control horario» a petición sindical.

«Nadie puede poner ni la más mínima objeción», señaló Montero sobre el acuerdo firmado ayer con CSIF, UGT y CCOO y que tomará rango de decreto en el Consejo de Gobierno de hoy para su inmediata entrada en vigor. «Si de verdad el Gobierno central considera que se trata de un problema de igualdad, que regule la jornada de 35 horas para toda España», defendió la consejera. El acuerdo con los sindicatos, aunque parezca una paradoja, se presenta como una forma de acatar la sentencia del TC en contra de la aplicación de la jornada de 35 horas semanales para los funcionarios de la Junta. Se eleva la jornada a 37,5 horas pero 35 serán presenciales y 2,5 horas se dedicarán a la preparación y organización de las tareas del puesto de trabajo y a consultas y formación.

El control del «teletrabajo» será similar al del sector docente. «Con el devenir de la medida, iremos ajustando», señaló Montero. La consejera denominó como «subterfugios» el uso de márgenes de cortesía de media hora en el acceso al puesto de trabajo para computar las 37,5 horas utilizado en otras regiones. El reconocimiento del trabajo no presencial supone una aspiración histórica de los sindicatos, respaldada por el Estatuto Básico del Empleado Público, señaló Montero sin necesidad de citar el derecho consuetudinario. La Consejería señala que no se modifican los turnos de trabajo «ni los 7.000 puestos creados con motivo de la reducción horaria». No obstante, el acuerdo recoge que «se redistribuirá el horario lectivo semanal del personal docente, a excepción del que imparte las enseñanzas de educación infantil y primaria y el de los Centros Específicos de Educación Especial». En el ámbito sanitario se mantendrán los turnos aprobados y no se alterarán las retribuciones de jornada complementaria.

Tampoco supone un desembolso extra para las arcas andaluzas. El acuerdo recoge «expresamente el compromiso de las partes firmantes de seguir negociando para avanzar en la mejora de las condiciones de trabajo del personal al servicio del sector público andaluz, siempre en función de la disponibilidad presupuestaria; especialmente, y entre otras, en el establecimiento de medidas que sigan progresando en la conciliación de la vida personal, familiar y laboral». «Las partes consideran necesario adoptar medidas transitorias para ordenar la jornada de trabajo y horarios del personal», señala el acuerdo. «La puesta en funcionamiento» de estas medidas «impedirá la destrucción de empleo público, sin perjuicio de que, además, para garantizar su normal aplicación, se adopten otras medidas sobre contratación de personal», continúa.

Los sindicatos señalaron que se trata de una medida «transitoria» hasta que el Gobierno devuelva el derecho de los empleados públicos andaluces a trabajar 35 horas, una medida que se aplica desde 1999 y que suspendió el Ejecutivo central en 2012 y restituyó la Junta en 2017. Antonio Tirado, de UGT; Agustín de la Cruz, de CC OO; y José Luis Heredia, de CSIF, recalcaron que no se burla la sentencia del TC ni hay insumisión. Para la consejera, como nunca ha existido igualdad de la jornada en la función pública en España, «no hay quiebra de trato» como alega el Gobierno, acusándole de querer convertir medidas transitorias derivada de la crisis en definitivas y recordando que antes de las medidas de austeridad nueve comunidades ya contemplaban la jornada de 35 horas. Montero señaló que el presidente del PP-A, Juanma Moreno, «no puede permanecer con la cabeza debajo del ala; no sé si no influyó o ni siquiera intercedió sobre las 35 horas». El vicepresidente Jiménez Barrios afeó al líder popular andaluz que se comprometiera con los sindicatos «y no ha sido capaz de cumplir con su palabra». Podemos tendió la mano a la Junta frente al «acoso y derribo» del PP. IU pedirá hoy la alteración del orden del día del Pleno para que Montero comparezca en el Parlamento. El PP-A exige a la Junta que «no juegue con los funcionarios» y busque una fórmula que dé «seguridad jurídica».

MO La consejera, Maria Jesus Montero, se reune con los sindicatos 020

La consejera María Jesús Montero, en el edificio de Torre Triana. Foto de Manuel Olmedo

El «principio de parsimonia» en la Audiencia de Sevilla

El 13 de diciembre de 2010, Griñán, como presidente de la Junta, y Rubalcaba, como vicepresidente del Gobierno, cerraban acuerdos sobre Doñana, viviendas y chiringuitos. Siete años devoran todos los espejos y hace añicos las garnachas. Ahora, el ex presidente autonómico, junto a su predecesor en el cargo, Manuel Chaves, y otros 20 ex altos cargos de la Junta se sientan en los bancos de la Audiencia como investigados en la pieza del «procedimiento específico» del «caso ERE», para dilucidar si las ayudas sociolaborales y la partida 31L, el llamado «fondo de reptiles», eran una suerte de «chiringuito» desde el que se hilaba la tela de araña de la red clientelar de la administración. El grueso del juicio queda pospuesto a partir del 9 de enero. El «turrón» del «caso ERE» se dirimirá tras los polvorones de Navidad y la digestión se vislumbra pesada. Tras tres jornadas, queda para la historia la imagen de un Consejo de Gobierno en la bancada de los acusados y la aparición en escena de la principal instructora de la causa, Mercedes Alaya, poniendo en cuestión, con la pálida querencia de Clarise M. Sterling ante el doctor Lecter, lapsus incluido, hasta la propia independencia judicial. «No parece prudente ni sensato que un juez ponga en cuestión de forma corriente la independencia de jueces de otros órganos jurisdiccionales; ni que envíe al público opiniones subjetivas sobre un juicio actual de cuya instrucción ella se ocupó», concluyó el abogado de Griñán, José María Mohedano, quien comparte apellido con la titular original del título de «la más grande» con el que en su día apodaron las partes a la jueza Alaya.

Chaves y Griñán presentaron un perfil machadiano en las primeras jornadas: «en paz con los hombres y en guerra con sus entrañas». Ambos se llevan un año y un mes de diferencia y se sentaron juntos y en primera fila (con Francisco Javier Guerrero a sus espaldas, quien engatusaría hasta a Churchill –«Me gusta un hombre que sonríe cuando pelea»– aunque él sea más de Marlboro que de Winston y hasta en la sala le ponía ojitos al paquete). El desangelado paseíllo por el Prado de San Sebastián rememoró el sepulcro de Mozart. Por no acudir, no estaba ni un clásico de los casos mediáticos como el Mocito Feliz buscando chupar cámara. Sólo una espontánea en pijama y bata rosa rompió la frialdad de los cementerios en la zona el primer día de juicio. Para Chaves, la Fiscalía pide diez años de inhabilitación, a lo que la acusación popular que ejerce el PP añade dos de cárcel y doce más inhabilitado. Para Griñán, seis años de prisión y 30 de inhabilitación (ocho de cárcel y 42 de inhabilitación piden los populares). A la izquierda de los ex presidentes, se sentó Gaspar Zarrías completando la nómina de los, durante dos décadas, tres tenores de San Telmo. Al modo de Van Basten, Rijkaard y Gullit en el Milan de Arrigo Sacchi frente al más duro catenaccio al que jamás imaginaron enfrentarse. Las defensas apelaron en sus escritos al «principio de parsimonia», que establece que la respuesta más sencilla suele ser la más probable, como antídoto a las teorías de la conspiración. Como el gol de Koeman en Wembley, según Stoichkov (quien también le daba a la nicotina, como Guerrero), «la jugada no estaba ensayada». Chaves y Griñán insistieron en que ni podían conocer ni conocían el fraude. Por la defensa del interventor, se recordó que Manuel Gómez emitió todos los informes pertinentes. Las defensas también defendieron que una ley, por definición, «es legal» y la acusación, por tanto, «absurda». Las tres primeras jornadas se centraron en la lectura de los escritos de las partes, interminables como un grupo de WhatsApp de padres organizando los trajes del Belén para el colegio. Cuando el magistrado Calle Peña trató de recuperar tiempo a modo de árbitro en el descuento, las agendas de las partes se declararon indispuestas.

Seis lámparas de araña, 60 bombillas de vela; tres plasmas; una cámara de TV al frente y otra a la espalda; el escudo de la nación sobre un marco que trata de emular un corazón; unos sillones que pudieran parecer, por el tiempo y las circunstancias, los de la Santa Inquisición; una bandera de España, otra de Andalucía; cierto olor a naftalina; ocho periodistas en la sala de vistas y decenas en la de prensa; una decena de estudiantes de Derecho; 22 acusados, las correspondientes defensas; y los magistrados; en definitiva, la Sección Tercera de la Audiencia y los libros de historia aguardan para la resolución del mayor caso de corrupción de Andalucía (741 millones presupuestados en una década, 80,4 en entredicho), del que aún no ha culminado ni el prólogo. En las paradas de bus cercanas al Prado de San Sebastían se anuncia el estreno en el Maestranza de la ópera «Alí Babá y los 40 ladrones». Crítica y público aguardan.

Sevilla 14-12-2017 Segundo dia del juicio de los EREFoto: Manuel Olmedo

Chaves y Griñán, con Guerrero y el interventor Manuel Gómez a sus espaldas. Foto de Manuel Olmedo

 

La retórica victimista y la simpatía por el “Alcorconazo”

La teoría marca que la retórica victimista «es una técnica demagógica que consiste en descalificar al adversario mostrándolo como atacante en lugar de refutar sus afirmaciones». El sujeto «adopta el rol de víctima dentro del contexto de la discusión, de tal forma que el otro interlocutor queda posicionado implícitamente frente a terceros como un impositor autoritario y su argumentación como mera imposición o ataque». La última comisión parlamentaria de Hacienda fue un caso práctico. «Hay que ser contundentes contra la corrupción», señaló María Jesús Montero, instando a los populares a «pedir perdón» ante las «difamaciones y permanentes insidias hacia personas con cargos a los que se le ha archivado la causa, pero el PP tiene afán por arrojar sombras de duda y no le interesa recuperar el dinero público». El PP preguntó por los expedientes de reintegro caducados y las transferencias a IFA/IDEA, el ente del «fondo de reptiles».

Con el 26J a la vista, la actualidad judicial –el sobreseimiento del consejero Ramírez de Arellano en el «caso Centrius» y el auto judicial que asegura que en Jaén no se ha producido fraude en la formación, cargando contra la Policía– ha cargado a la Junta de argumentos para rescatar la teoría de la «causa general». La consejera María Jesús Montero se escudó en los citados casos. «Tienen que pedir perdón», señaló repetidamente aludiendo a Arellano, por más que, por ejemplo, en el bando popular haya sido absuelta la ex alcaldesa de Jerez María José García Pelayo y tampoco nadie haya pedido perdón públicamente. «El chicle no estira más», insistió sobre la formación, acusando al PP de «empozoñar» la vida pública y de seguir «intentando prolongar la comisión de formación y los casos que les aporta rédito electoral, pero ya no estira más». «La misma cantinela, el mismo tam-tam, erre que erre y sin pedir perdón», señaló Montero al ser cuestionada por los fondos recuperados en el «caso ERE» –855 millones en entredicho– o en la formación –tres millones de 90 reclamados, de 2.896 millones repartidos–. «La Junta, junto a la Agencia Tributaria estatal, hará lo imposible para recuperar hasta el último euro», defendió Montero.

«El victimista se disfraza de víctima, consciente o inconscientemente, simulando una agresión o menoscabo inexistente; y/o responsabilizando erróneamente al entorno o a los demás», continúa la teoría. La estrategia y la mercadotecnia –sucesivos cortes en la televisión pública incidiendo en la idea– hacen el resto. El trasfondo psicológico es el mismo que hace que durante una eliminatoria entre el Real Madrid y el Alcorcón o el Barcelona y el Numancia el aficionado vea con simpatía al rival más débil o que en Roland Garros se abucheara a Nadal o en Tour a Indurain. «La Junta no tiene interés en recuperar los fondos porque quedaría al descubierto la red clientelar», señaló el PP. La consejera aseguró que «los reintegros de la Junta los gestiona la Agencia Tributaria de Montoro».

Los objetivos de esta estrategia pasan por polarizar (se señala a un enemigo externo, a un antagonista reconocible); desacreditar («El PP va a dar lecciones, teniendo que pagar una fianza por la reforma de su sede», recordó Montero); y reforzar (la pertenencia a un grupo). La polarización y el refuerzo tienen un efecto evidente sobre el voto propio (Chaves utilizó esta estrategia del agravio con rédito durante los años de Aznar). El descrédito del rival, por su parte, persigue debilitar el voto ajeno más susceptible de cambiar de opción política así como los indecisos. Otro efecto es el del «recuerdo negativo», provocando que a la hora de la decisión electoral se asocie determinada marca con determinado caso. PP-Gürtel, PSOE-ERE o Formación, por ejemplo. Se trata de una técnica recurrente y en muchas eficaz a corto plazo –caso de Camps en Valencia, que con las acusaciones iniciales de los trajes ganó un escaño– en los casos en los que se exige la asunción de responsabilidades y se cuenta con un importante caladero de votos y otros tantos que fluctúan en su intención.El PP denunció que “todo lo que ocurre pone en evidencia que la Administración carece de mecanismos para controlar lo que se recupera. No sabemos la cuantía reclamada y la cuantía reintegrada”, señaló la diputada Ruiz Sillero, dudando de las “cifras redondas” que ofreció la Junta tras meses sin respuesta. Miranda, también por el PP, señaló que la Junta “ha denunciado al funcionario” que denunció la “falta de procedimiento” en el “caso Invercaria” en lugar de perseguir el fraude. “No es lo mismo un ilícito penal que errores contables. No utilice la fiscalización cuando le interesa”, respondió Montero, cuestionando continuamente “de qué año habla” y acusando a la oposición de crear “una apariencia de que es ahora mismo” cuando “la Junta toma nota de todos los órganos de fiscalización y no difamamos como ustedes”.

La reprobación del consejero De Llera o “la que has liao’, pollito”

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El consejero De Llera, en el Pleno en el Parlamento de Andalucía. Foto: Manuel Olmedo.

La última propuesta de reprobación en el Parlamento andaluz data de 2012, a cuenta de los asaltos a supermercados encabezados por el entonces diputado de IU y alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo.

Se reprobaron los asaltos pero no a Sánchez Gordillo en sí. Por entonces IU era socio de Gobierno del PSOE en la Junta. Fue una suerte de «sí pero no». Un quiebro al principio clásico-lógico-filosófico de no contradicción, también llamado a veces principio de contradicción, según el cual una proposición y su negación no pueden ser verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido. La «reprobación De Llera» lleva el mismo camino.

A Sánchez Gordillo no se le reprobó personalmente por su condición de parlamentario y el PSOE-A remite ahora al informe que los letrados elaboraron entonces para que no se tramite la iniciativa contra el consejero de Justicia por censurar en una entrevista en Ondaluz TV que los jueces de instrucción actúen «como si fueran reyes de Taifas», acusar a sus compañeros fiscales de no ser «independientes» porque pueden «recibir instrucciones de superiores jerárquicos» y éstas pueden ser «de una manera u otra», dependiendo de su «color político»; o subrayar que «los jueces son independientes, pero son tan independientes y tan irresponsables que hacen lo que les da la gana», recordando que «Hitler era independiente y fíjese la que montó». Al día siguiente, tras la petición de dimisión de las asociaciones de juristas y las críticas de todos los partidos y los miembros de la judicatura, un comunicado matizaba las palabras del consejero que, sostenía, formaban parte de una valoración crítica del sistema en su conjunto pidiendo disculpas tanto a los profesionales de la justicia como a los votantes de Podemos – «Si sube, es que la sociedad está enferma», dijo también–, por haberse expresado de forma «desafortunada».

El PSOE-A criticó que Podemos, C’s e IU actúen como «mariachis» del PP-A al apoyar que la reprobación del consejero De Llera llegue al Pleno, lo que consideró «ilegal». En realidad, el PP siempre ha sido más de Nino Bravo.La estratagema burocrática, la vía Sánchez Gordillo, es el último recurso de los socialistas para evitar la reprobación de un consejero al que, justificada o injustificadamente, se le atribuye buena parte del mérito o demérito –siguiendo con el principio de contradicción– de lograr que la jueza Alaya –quien calificó al alto cargo andaluz como un «notorio detractor» de su trabajo– siga con la instrucción de las diferentes macrocausas que afectan a la Junta de Andalucía.

A diferencia de otras votaciones (como con la negativa a aprobar una ley de atención temprana) en las que hubiera quedado en evidencia la debilidad en la Cámara del Gobierno de Susana Díaz (la oposición ha tumbado esta legislatura dos leyes de la Junta), el PSOE-A no cuenta con la posibilidad de tirar del «comodín» de Ciudadanos. Tras las críticas del PP-A a la «doble vara» de medir de la formación naranja al apoyar la continuidad del consejero Arellano pese a estar siendo investigado por el TSJA, Juan Marín anunció que su grupo va a apoyar la proposición no de Ley (PNL) que defiende hoy en el Pleno de la Cámara el PP-A para reprobar a De Llera por sus declaraciones «desafortunadas e impropias de un consejero de la Junta» sobre la justicia. Ciudadanos, haciendo equilibrios de nuevo sobre el principio de contradicción, no obstante, no va a pedir la dimisión del consejero, ya que considera que su continuidad o no en el Gobierno andaluz está en manos del criterio que tenga la presidenta, Susana Díaz. En Juan Marín, bético confeso, ha calado otro principio filosófico que tuvo gran arraigo a finales del siglo XX en Sevilla. “Lo que diga Donmanué“, versión 3.0.

Podemos, por su parte, a pesar de la alusión del consejero en sus declaraciones televisivas, decidió no desvelar el sentido de su voto tras reunirse para debatir su posicionamiento. Aseguran que hay división en el grupo. La abstención morada salvaría a la presidenta andaluza de la tesitura de la reprobación. La portavoz del PP-A en el Parlamento, Carmen Crespo, señaló que la presidenta «sabrá lo que hace» si el consejero es reprobado y no lo cesa. A esta hora, la reprobación del sin par Emilio De Llera, con ese aire a Luis Varela en “Camera Café”, apunta a remake del histórico “la que has liado’, pollito”.

De móviles requisados, retenciones de periodistas, la juez Alaya y la falta de medios de los juzgados

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La juez Mercedes Alaya. Fotografía de Manuel Olmedo.

La voz de la juez Alaya, como la nariz de Cleopatra VII, es un misterio. A Mercedes Alaya, como a los emperadores de la dinastía Ming, nadie la nombra en los juzgados de Sevilla. En el Prado de San Sebastián, por los pasillos, la llaman «Su Señoría». Los más intrépidos, se atreven con un «doña Mercedes». La innombrable. La jefa de todo. La emperadora de todo. La instructora de las megacausas que tienen en jaque a las que pasan por las dos instituciones con más fieles de Sevilla: el Real Betis Balompié y la Junta de Andalucía. No necesariamente en este orden. Si a Alaya le molesta la presencia de los periodistas enrededor de su juzgado, el juez decano acepta y exilia a la prensa a un banco varias plantas más abajo. La capital de Andalucía, conviene recordarlo, alberga su sede judicial en unos edificios infradotados, sin medios, a la espera de una Ciudad de la Justicia que legislatura a legislatura se promete pero no llega. Los periodistas no tienen ni una sala en la que ejercer la libertad de prensa de una manera digna. Las quejas de la Asociación de la Prensa de Sevilla caen continuadamente en saco roto ante el TSJA. Se da la circunstancia de que el único enchufe que funciona en la planta del juzgado de Alaya está junto a su despacho. La magistrada, tras regalarle al periodista de LA RAZÓN la oportunidad de escuchar su voz –escasas personas, y menos sin imputar, la han escuchado– y mantener una conversación sobre su móvil, que se estaba cargando, cuestionó al redactor si «¿no hay en todo el edificio más enchufes que el que está junto a mi despacho?». Minutos después, la juez apareció con un Guardia Civil que instó al periodista a acompañarle, tras lo que se le «requisó» el teléfono y posteriormente se le «identificó» debido a que «Su Señoría ha dado orden de averiguar si se ha grabado algo». Tras algo más de 30 minutos de retención, en una labor que a los propios agentes de la Guardia Civil les resultaba ingrata e inspeccionar que efectivamente el móvil ni siquiera había sido encendido, el redactor de LA RAZÓN, que en todo momento estuvo apoyado por los compañeros presentes de otros medios, pudo salir de las dependencias policiales del Juzgado de Guardia para continuar con su labor. Una anécdota -o un magnífico homenaje a modo de charlotada en el aniversario del nacimiento de Chaplin- que revela el grado de nerviosismo de doña Mercedes y la presión que sufre. Su Señoría.

“El tiempo es un círculo plano”, también en la Junta de Andalucía

«El tiempo es un círculo plano. Todo lo que hemos hecho y todo lo que haremos lo repetiremos una y otra vez». La filosofía existencial de Rust Cohle (pergeñada por Nic Pizzolatto en «True Detective») engarza con la Administración andaluza. En la era de la información, cuando Google deviene en Oráculo de Delfos, la hemeroteca ejerce como Ministerio Público de la memoria. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, anunció que el Consejo de Gobierno aprobará hoy el inicio de la tramitación de la Ley de Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público Andaluz, que «blindará» la salud como «un derecho» ciudadano y una «obligación» de los responsables públicos. Se trata de una norma que ya esbozó Griñán en su discurso de investidura de mayo de 2012 y que en junio de ese mismo año era promovida por la entonces consejera de Salud y Bienestar Social María Jesús Montero, bajo la premisa de que el actual modelo es un «logro ciudadano seriamente amenazado». Del paquete de 28 leyes anunciado desde 2012 por el Ejecutivo socialista en coalición con IU, sería la tercera ley que se tramita. A una por año. Las dos anteriores son la de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, con discrepancias sobre su cumplimiento, y la de transparencia, con un portal web a medio construir. En total, desde 2012, la Junta ha aprobado 16 leyes y reformas normativas, Presupuesto incluido.

Durante su visita al Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS), Susana Díaz recordó que ya anunció que en este nuevo tiempo la salud iba a tener «un papel preponderante». Esta norma fue una de las promesas de la campaña socialista para las autonómicas. Díaz defendió que es necesario reforzar la Atención Primaria y la red de hospitales públicos, y apostar de manera «firme» por la investigación. «No dejaremos a la especulación la salud de las personas», recalcó la presidenta, añadiendo otra de las promesas de su campaña: el «retorno del talento» para que los jóvenes investigadores desarrollen su tarea en la red sanitaria pública andaluza. «Hay que apostar por la investigación, que va a ser uno de los pilares, la ‘joya’, en esta etapa», destacó. La Junta, añadió, va a «poner recursos y medios para que Andalucía siga siendo vanguardia, un referente nacional en investigación biomédica y en la aplicación de la misma a los pacientes».

La presidenta andaluza defendió que «apostar por la investigación es apostar por el futuro de la salud pública», destacando la investigación «de excelencia» que se realiza en el Instituto de Biomedicina de Sevilla –el cual ha permitido el nacimiento de 55 bebés libres de enfermedad hereditaria–, que cuenta con otras 800 personas adscritas a los grupos de investigación. Susana Díaz insistió en que la salud «va a tener un papel preponderante en Andalucía» y explicó que «para apostar por la salud hay que apostar por la investigación». «Vamos a poner recursos para que Andalucía siga estando a la vanguardia y siendo pionera, un referente nacional», incluso fuera de nuestras fronteras, en investigación biomédica y su aplicación a todos los pacientes, señaló.

En 2012, María Jesús Montero hablaba en similares términos de la Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público. Se trataba de uno de los objetivos de la IX Legislatura que se retoma en la X. «Se trata de seguir avanzando en la consolidación de derechos de nueva generación, en la calidad y excelencia de los servicios públicos pero sin dejarnos arrebatar ni un palmo de lo conseguido hasta el momento; estableciendo las defensas para proteger al sistema público de los embates neoliberales que se ciernen sobre él, ahora más que nunca», explicaba en 2012 la ahora consejera de Hacienda. Entonces, también se anunció la elaboración de una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Sanitaria, la Ley de Renta Básica, una norma para regular la Objeción de Conciencia, la actualización de la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad, la Ley de Derechos y Atención al Menor y la Ley de Servicios de Andalucía. Desde su anuncio, tras la sustitución de Chaves por Griñán, se ha producido el relevo del segundo por Susana Díaz dentro de un Gobierno bipartito, la ruptura del Ejecutivo, unos comicios autonómicos adelantados y más de 80 días de parálisis ante la negativa de los grupos parlamentarios a investir a la candidata electa. En este periodo de tiempo, el bagaje es de una treintena de decretos –entre los que sobresale el «antidesahucios» tumbado por la Justicia– y dos leyes del pacto de Gobierno con IU –las citadas de Libertad Sexual y Transparencia– . Podemos, precisamente, va a trasladar al Parlamento las peticiones del colectivo transexual por el «incumplimiento» de la ley andaluza. La Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA) ha alertado de la falta de cumplimiento de la ley integral para la no discriminación por motivos de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, aprobada, eterno retorno, hace un año.

Resaca electoral y rociera en lunes de Pentecostés

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Susana Díaz, tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional. Foto del PSOE-A.

Coincidiendo con la procesión de la Virgen del Rocío, Susana Díaz, devota de la Blanca Paloma, mostró su predisposición al salto de la reja de los pactos postelectorales por más que se defina ortodoxa de los «gobiernos sólidos» y que «lo ideal es que el PSOE pueda aplicar íntegramente su programa». Con Díaz, el diálogo confluye, comienza y acaba en ella;y su frustrada investidura resulta una muestra y su consecuencia. A las 12:21 de ayer, la Señora de las Marismas alcanzó la Concha Peregrina que corona su Santuario y puso punto y final a una procesión de casi nueve horas y media por las calles de la aldea almonteña. Algo más de media hora después, Susana Díaz, presidenta en funciones de la Junta, cuya investidura ha sido rechazada en tres ocasiones por la oposición, escenificó el nuevo reparto de cartas en las negociaciones tras reunirse con la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-A y los secretarios generales de las ocho provincias. Baraja nueva. Hagan juego. «Asumimos con responsabilidad la tercera victoria electoral consecutiva del PSOE en Andalucía», aseguró, añadiendo que los socialistas «defenderán la mejor alternativa para la gente» en cada municipio e institución sin una única orientación a la hora de formar gobiernos, analizando caso por caso la conveniencia de alianzas con las «marcas blancas» de Podemos, con Ciudadanos y con IU.

Pedro Sánchez instó a moverse para formar gobiernos de progreso, sin cerrar la puerta a ningún pacto. Díaz incidió que la ciudadanía ha expresado en las urnas su rechazo a «las políticas de sufrimiento del PP», «a la corrupción y a que no todo el mundo actúa de manera implacable cuando surge un caso en sus filas» y «a la actitud de algunos partidos de impedir que se forme el Gobierno legítimo de Andalucía». «Cuántas derrotas necesita el PP para rectificar su actitud obstruccionista, de bloqueo, de ‘no’ sistemático a la formación del Gobierno de la Junta», cuestionó la lideresa andaluza, que dejó un recado para Sánchez: «Hay que administrar la pluralidad con responsabilidad y mucho compromiso. El nuestro es actuar con responsabilidad, pensando en el bien común, que es lo que quiere la gente y lo que se espera del PSOE-A». Por más que durante la campaña renegase de gobernar con el PP y/o Podemos, ahora Díaz admite que «hay otras prioridades por encima» y negociará con todos. Díaz ha ordenado a sus secretarios provinciales que estudien los resultados y no muevan ficha. Ella reparte, ella decide. Las próximas semanas resultarán claves para resolver la investidura y, a continuación, si no de la mano, los gobiernos municipales.

Díaz evitó emparentar el resultado del PSOE en las municipales con la figura de su secretario general, con el que se verá esta semana, y recordó que el de las primarias «es otro debate». La victoria andaluza, no obstante, consciente o «freudianamente», se la atribuyó a ella, saliendo a la palestra tras el escrutinio. Díaz negó que comience ahora un juego de cambalaches entre instituciones para facilitar su investidura pero deslizó el interés por las plazas de Sevilla o Córdoba mientras que en Cádiz prevalecería Por Cádiz Sí Se Puede, la marca blanca de Podemos liderada por la pareja de Teresa Rodríguez, José María González “Kichi”, –denominados ya en La Caleta como «los Clinton de Cai»–, que se ha quedado a dos ediles de Teófila Martínez. Cádiz por la abstención de Podemos en la investidura, puede ser la próxima jugada. De momento, Pablo Iglesias desveló que Susana Díaz le ha enviado un mensaje «bastante cariñoso» tras el 25M. «Vamos a trabajar para que en ningún ayuntamiento pase lo que en la Junta, para que no se pongan los intereses de los partidos sobre el interés ciudadano y que la situación del Gobierno andaluz se resuelva de manera inmediata», dijo Susana Díaz. «En algunos sitios estaremos en el Gobierno y en otros no». Vista la incapacidad de la oposición para formar alternativa al PSOE, el escenario a estrenar, de entrada, beneficia a Susana Díaz, presidenta en funciones, candidata a la investidura y, desde el 25M, a expensas de que se convoque nueva sesión del Parlamento antes del 13 de junio –límite para los ayuntamientos– o no, en la resaca del lunes de Pentecostés, crupier en la mesa de los pactos.

Partida de póker y “Coplas a la muerte de su padre”

Günter Grass contaba que en su niñez en Danzig veía pescar las anguilas con cabezas de caballo. Los campesinos sacaban del agua la mollera equina mientras las anguilas devoraban el cerebro. El PSOE-A ya dispone de la palabra de dos cabezas principales de la llamada «vieja política» para comenzar a negociar con los novísimos y no tan nuevos partidos la investidura de Susana Díaz. El objetivo es que haya fumata blanca para la sesión plenaria de la primera semana de mayo.

El PSOE-A, que confía en la investidura, retoma los contactos con el PP a las 10:00. El encuentro se desarrolla una hora antes de la reunión del presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, con los cinco portavoces parlamentarios, comenzando con el PSOE, previo a la propuesta de candidatura para la Presidencia de la Junta. Sólo una, la de Susana Díaz. A las 12:00, Durán recibirá al portavoz popular Carlos Rojas. Mañana recibe a Podemos, Ciudadanos e IU. «Si el PP no favorece la legislatura estará desvirtuando el Estatuto de Autonomía», señaló el PSOE. El presidente del PP de Córdoba, José Antonio Nieto, recordó que la marcha de Chaves y Griñán no garantiza saber a dónde ha ido el dinero de los ERE. Apoyar a Díaz con esta «excusa», señaló, es «apoyar al partido que no quiere que sepamos por qué se perdieron los fondos para los más necesitados».

El PSOE pide «altura de miras» porque Andalucía «tiene que tener un Gobierno dentro de su agenda propia». El tiempo apremia, las municipales ya se ven en el calendario y la Junta sigue con una presidenta en funciones. El riesgo de las situaciones de interinidad es que, como le pasó a Del Bosque en el Madrid, la afición se dé cuenta de que las competiciones -la batalla- prosiguen sin un liderazgo marcado al mando y hasta se ganan Copas de Europa. Como decía Umbral, en verano, con los políticos de vacaciones, el mundo sigue girando y las administraciones, mal que bien, como siempre, funcionando. El coordinador de la Interparlamentaria del PSOE-A, Miguel Ángel Heredia, señaló que sería «un error de los partidos minoritarios» entender el resultado electoral «como un derecho a vetar e impedir que haya un Gobierno» o «como una carta blanca para boicotear el momento constituyende de la legislatura».

Durante la semana pasada y tras la bronca en la elección de la Mesa del Parlamento, el PSOE sólo ha contactado con el resto de grupos por vía telefónica para concretar las reuniones. Hasta ahora los contactos han tenido la relevancia de la gaseosa. Los socialistas ya tienen un cebo para empezar a hablar. Una pareja de ases –Chaves y Griñán– pasa por la mejor mano que se puede tener en el Texas Hold´em, la versión más popular del póker. La estadística señala que un jugador posee una pareja de ases una vez cada 220 manos. En la mayoría de casos, con ases en la manga suele ocurrir dos cosas: se gana fácilmente o se crea un bote enorme. Dos ases, en cualquier caso, aunque ayudan, no garantizan la victoria. Un error típico es no subir o subir muy poco, para que paguen varios rivales. Cuando en la partida o la negociación hay varios rivales, como sucede en el Parlamento, bajan drásticamente las probabilidades de victoria.

Desde C’s, su líder, Albert Rivera, reclama a Susana Díaz la renuncia «por escrito» de los ex presidentes como si fuera las «Coplas a la muerte de su padre» de Manrique. Para la negociación con el PSOE, C’s cuenta en Andalucía con Juan Marín, con semblante de póker de serie y a quien durante la recepción en la Feria la presidenta en funciones le puso «ojitos». El PSOE busca en C’s un socio estable, que es el estado previo de los partidos que pactan en la Junta (PA, IU)  hasta convertirse en víctimas propiciatorias.

La líder andaluza de Podemos, Teresa Rodríguez, tiró ayer de Twitter para recordar que la renuncia (diferida) de Chaves y Griñán no es la inicio de la negociación sino la simiente para el principio del principio. «Chaves se va refunfuñando y dice que no es para facilitar la investidura. Efectivamente, esa actitud no la facilita», señaló Rodríguez. «No se puede estar a la vez con los desahuciados y con los que desahucian», tuiteaba poco después de que Pablo Iglesias deslizara ya la posibilidad de una abstención en segunda ronda y dejar gobernar a Susana Díaz. Los podemitas andaluces recordaban, tras ello, que el pacto es «con la ciudadanía». «Paremos los desahucios. Los bancos violan los Derechos Humanos y la Junta es cómplice de sus convenios. Por eso votaremos que no a la investidura. Nos tomamos muy en serio nuestros sueños», fueron los últimos 140 caracteres de Teresa Rodríguez. «Hagan juego». Si no hay fumata blanca, el PSOE pretende forzar a la oposición a retratarse ante la ciudadanía con votaciones cada 48 horas en plena campaña de las municipales.

“Hasta que la política nos abandone” (una canción de Perales)

«Aunque haya ganado las elecciones, jamás olvide que al final va a perder el poder. Prepárese usted. La victoria de ser presidente desemboca fatalmente en la derrota de ser ex presidente. Prepárese usted. Hay que tener más imaginación para ser ex presidente que para ser presidente. Porque fatalmente dejará detrás de sí un problema con nombre: el suyo». Lo escribió Carlos Fuentes en «La silla del águila» como si tuviera presente la situación de Chaves y Griñán; no hace tanto, amigos, compañeros de cineclub y residentes en Sevilla.

Manolo (Chaves) y Pepe (Griñán) son ya un retrato abocado al sepia, historia de cuerpo presente de la Junta y del PSOE andaluz, que no es lo mismo aunque desde hace tres décadas parezca que es igual. La de Chaves y Griñán es una renuncia en diferido, como la indemnización por el despido de Bárcenas. «Las mayores mentiras se dicen siempre en silencio» (Robert L. Stevenson). Chaves y Griñán se marchan motu proprio. «Por motivos personales» pero empujados por el partido, la situación y el bloqueo del Parlamento. La salida menos honrosa (y “virgencita, que me quede como estoy”) tras una vida en la política. El fin del trayecto, en diferido, con la certeza, aunque en voz alta se niegue, de que, salvo excepciones, en España nadie deja la política sino que es la política la que abandona al político.

Tras el titubeo característico de su oratoria y la imposición consecuente del paso dado por Griñán anunciando su salida «para evitar presión al partido», Chaves comunicó a Ferraz que no se presentará de nuevo como diputado por Cádiz. Chaves no ha podido manejar los tiempos tras ponerlo su otrora amigo Griñán a los pies de los caballos, (los) Podemos y (los) Ciudadanos. En Ferraz, si no directamente sí con indirectas, como en un monólogo de Gila, le señalaron la salida a Chaves, que cumplirá 70 años en julio y fue diputado en las primeras elecciones democráticas (1977), presidente de la Junta 16 años y vicepresidente del Gobierno. Desde San Telmo, la respuesta de Susana Díaz al correo de Griñán con asunto «por mí que no quede, que no se diga, ahí os quedáis» fue un lacónico: «Déjame a mí que yo gobierne esto».

Aunque animales políticos ambos, la naturaleza de Chaves y Griñán es muy diferente. Chaves sólo aceptó, cuando se escuchaba el tantán de guerra de los ERE, una escapada «hacia arriba», de la mano de Zapatero, en la Semana Santa de 2009. Se trata de dos personalidades complementarias si se quiere pero antitéticas. Uno, listo y experto en el arte del status quo; inteligente, culto y no exento de soberbia, el otro. Ambos, tan cercanos antes y alejados desde que Chaves eligiera por democracia dactilar como sucesor a Griñán, se exponen ahora, con el fin de su aforamiento, a formar parte de la instrucción de la jueza Alaya. La renuncia de los ex presidentes, de facto, al margen del valor simbólico, sólo les afecta a ellos mismos en tanto el burladero aforado del Congreso y el Senado se derrumba. Los ex presidentes no han podido salir por la Puerta del Príncipe. Del desarrollo del proceso judicial dependerá que haya puerta de enfermería. La situación procesal de Griñán, como ex consejero que desoyó los informes de la Intervención, se antoja más complicada que la de Chaves. También difiere la aceptación de la realidad procesal, una vez desterrada la teoría de «los cuatro golfos» (Chaves y después asumió la tesis Griñán) y el «es imposible que la jueza me impute» (Griñán dixit). «No hubo un gran plan pero hubo un gran fraude», mantuvo Griñán en el Supremo. «He renunciado a todo, qué más quieren que haga», señaló tras su renuncia. «Yo no renuncio a nada», indicó Chaves, que en el Supremo se limitó a señalar que no sabía nada o que le era imposible conocer a los 200 directores generales de las consejerías, entre ellos, Guerrero. «No soy ningún Superman», indicó en la SER, con el pensamiento de reojo en el orgullo de su antiguo amigo Pepe. Griñán trató de manejar la situación heredada tras Chaves, de crear (leves) cortafuegos con las ayudas, de separar el PSOE de la Junta, algo que pronto vio que era como extirpar un parásito del órgano anfitrión y a lo que acabó renunciando en nombre de un bien mayor: conservar el poder. Retrasó las elecciones en 2012, consiguió una dulce derrota para gobernar y en 2013 se marchó por «motivos personales». Como ahora Chaves. Esta vez Griñán sí ha admitido la erosión por los ERE. En un comité director, Griñán alzó la voz y echó en cara a los presentes la situación. «Todos sabéis de dónde vengo y cómo me iré. No todos podéis decir lo mismo». Los presentes agacharon la cabeza. Después siguieron conspirando.

«Cuando el tiempo nos alcanza»
En la primera parte de su biografía, Alfonso Guerra citaba a Percy Shelley: «Nadie apedrea un árbol que no esté cargado de frutos». Los nuevos partidos han puesto en el punto de mira a los ex presidentes, igual que el cazador buscar cobrarse una pieza de caza mayor, en el nombre de la regeneración democrática. Se trata más de un gesto simbólico que del fin de una era. A los ex consejeros imputados en los ERE nadie les ha pedido su dimisión. A Alfonso Guerra, en la infancia, le llamaron el «resucitado» porque sobrevivió a una enfermedad de las que se te llevaba por delante. Ni Chaves ni Griñán han sobrevivido a los ERE, por más que hayan tratado de alargar la agonía. Cuenta también el Guerra en sus memorias que un día le cogió Felipe y le dijo: «Alfonso, si tú ves que yo algún día pierdo el sentido de la realidad, me desvío de la senda acertada, adviértemelo para corregir inmediatamente. Y si te ocurre a ti, yo te llamaré la atención». El auriga que susurra al oído «recuerda que eres mortal». Memento mori, que en el caso de Chaves y Griñán suena al “Frente a frente” de Jeanette con unos ojos cargados de mirada y la postdata: «Que Alaya nos coja confesados. Hasta aquí hemos llegado».