“Boxeo”. “Más boxeo”. “Hoy nos ha dado por el boxeo”: doble homenaje a El Correo en el Parlamento

“Boxeo”. «Más boxeo». «Hoy nos ha dado por el boxeo». El Parlamento aprobó una declaración institucional en apoyo a los trabajadores de El Correo de Andalucía –el tercer periódico más antiguo de España tras el Faro de Vigo y el Diario de Cádiz– ante un ERE que supondría su desaparición y, en el desarrollo del debate, rememoró los históricos cintillos de Pepe Guzmán en las páginas de Deportes. «Mi idea de la vida es la siguiente página, el siguiente párrafo, la siguiente oración», decía Bukowski. Lo que aplicado al político supone «el siguiente Pleno» o, en su defecto, «el siguiente mitin». En épocas preelectorales, ambos escenarios se confunden. Aparte del intercambio de golpes entre políticos, la jornada dejó un anunció: la reunión entre la ministra Montero y el consejero Arellano para abordar la financiación prometida por Pedro Sánchez será el 8 de octubre.

En el antiguo Hospital de las Cinco Llagas, igual que en los bares cofrades, hace tiempo que los días se cuentan al revés. Cualquier gesto se entiende como un indicio, o no, del posible adelanto electoral. Los partidos, en cualquier caso, están en (pre)campaña. El aparato mediático difunde vídeos, tuits, Facebook Live, mensajes de WhatsApp, fotos y estados de Instagram… con los 30 segundos del corte del líder. De los primeros espadas, arrancó el tercio Maíllo: «No ha preguntado por la reforma laboral de Rajoy», le señaló a la presidenta, Susana Díaz, que le recordó «a Mayra Gómez Kemp» y «una de sus frases del ‘1, 2, 3’»: «No miento pero no digo toda la verdad». Hasta ahí pudo leer Maíllo, antes de aludir a una «Andalucía como barracones de criados», en referencia al turismo y la precariedad laboral, bajo «los designios de quienes quieren que sólo sirvamos copas en los bares». «Usted se ha dedicado a las intrigas de palacio, a la conspiración; que si me voy a Madrid, que si adelanto elecciones. Y no se habla de lo que no ha hecho: gobernar Andalucía. Convoque ya».

«Hoy me sitúa en el ‘1, 2, 3’; usted me recuerda a don Cicuta, amargado por la deriva a la que lleva a IU», respondió Díaz mientras Maíllo agitaba las manos, el aplauso en lengua de signos. «Su intervención roza la turismofobia», dijo Díaz, en «su alocada –término muy utilizado por la presidenta en sus respuesta a Maíllo– carrera a la destrucción de IU». La presidenta recordó que IU llevaba la cartera de Turismo con Griñán y «el consejero Rafael Rodríguez puso las bases de lo que se está consiguiendo: en España el empleo en el sector decrece y en Andalucía crece».

«As time goes by»

Juan Marín preguntó por el nivel de ejecución del Presupuesto, a lo que la presidenta respondió que «es superior al mismo momento del año pasado». Marín pidió algún anuncio «pero que no sea como la Autovía del Almanzora», pendiente «desde 1985». «A Andalucía el reloj del progreso se le ha parado», dijo. Díaz defendió que el propio Marín reconocía que la ejecución estará «por encima del 95%» y criticó que Cs «ha avalado los Presupuestos de Rajoy que han machado a Andalucía» pero no los de Sánchez porque «dependen de intereses nacionales». «La partitura la escribe el señor Rivera. Usted la toca y desafina. Veremos cómo Rivera le dice de nuevo: tóquela de nuevo, señor Marín», señaló, parafraseando una de las frases que se atribuye pero que no aparece en «Casablanca». A medida que pasa el tiempo –«As time goes by–, la relación de PSOE-A y Cs se ha ido desgastando, ante la certeza de que «siempre nos quedarán las elecciones».

Teresa Rodríguez señaló que «hemos pasado de la ‘Andalucía imparable’ a una presidenta inaugurando una tienda que vende calcetines a 2 euros porque explota» a trabajadores. «Vamos a dejarnos de milongas», indicó, apuntando que «100.000 millones después (de ayuda europeas) volvemos a ese furgón de cola de la UE» y esos fondos «también han servido para los ERE, el fraude de la formación, las redes clientelares o para comprar la paz social, que es peor que la corrupción». Susana Díaz defendió que «nadie se cree que estemos peor que hace 3 años» y apeló «a la crisis brutal». «En esta legislatura, el PIB per cápita ha subido 4 puntos», señaló, antes de decirle a Rodríguez que «la economía tampoco es lo suyo». «Hemos perdido 13 puntos de PIB durante la crisis, igual que la media de España. No es la Andalucía negra que ha querido retratar», indicó. La líder de Podemos replicó que «ha dejado caer que tengo problemas de formación. Yo no he tardado 10 años en acabar la carrera. Si nos las buscamos, nos las encontramos». «Estamos peor que hace 10 años», continuó. «Tiene usted la piel muy fina. Es un usted un ejemplo de sabiduría y conocimiento», ironizó la presidenta, que señaló que «la economía no es ningún milagro» sino fruto de «la planificación».

Juanma Moreno explicó que «tras 5 años como presidenta», «Andalucía se ha empobrecido. Ha crecido dos puntos la tasa de pobreza. Hay menos convergencia. La sanidad está colapsada. La educación ha empeorado. Hay hasta más aulas prefabricadas. El desempleo está en torno a un millón. Se ha pasado la mitad de las legislatura de primarias. Criticó los 80 días de investidura y ahora está dispuesta a quitar 100 días de Gobierno con un adelanto electoral». «Exigían 4.000 millones de la financiación autonómica y ahora la que era su consejera y ahora ministra, Montero, le ha dado 1.400 a Cataluña y a Andalucía, cero», señaló el popular, que añadió que Díaz «tiene miedo a elecciones junto a Pedro Sánchez, a la sentencia de los ERE que condene 20 años de gobiernos del PSOE y la verdad de la Faffe». «Cuando habla de inutilidad le presto mucha atención porque en eso es una autoridad», replicó Díaz. «Es ahora o nunca para usted. De ahí su ataque de nervios en cada intervención. Lleva 15 meses anunciando elecciones. Tiene miedo de irse de la política por la puerta de atrás. Es lo que teme y lo que próximamente le puede ocurrir». Díaz insistió en que «no vamos a renunciar ni a uno de los 4.000 millones» y en que «el 8 de octubre la ministra y el consejero» concretarán los asuntos que Pedro Sánchez le prometió a ella, como la inversión por población que recoge el Estatuto. Esa jornada, casualmente, el equipo de Susana Díaz, el Betis, se enfrenta al de Sánchez, el Atleti. El 8 de octubre del pasado año en Barcelona tuvo lugar una manifestación por la unidad de España. En 1988 también en Barcelona, Freddie Mercury realizó su última presentación. El Parlamento, que aprobó una PNL para la prevención del suicidio, hace equilibrios para mantener el debate vivo en tanto se convocan unas elecciones con mítines en la Cámara pero aún sin fecha. «The show must go on», que cantó Freddy Mercury.

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Candyman o el sortilegio de las 35 horas

La Junta, en un anhelo de omnisciencia, busca escribir derecho con renglones torcidos. Se han buscado maneras de invocar el sortilegio aunque hasta ahora en todas ellas, como en Candyman, el resultado conlleva que Mariano Rajoy aparezca tras el espejo con un recurso favorable del Tribunal Constitucional (TC). La Junta descarta que el Gobierno central acuda de nuevo a la vía judicial. María Jesús Montero, la consejera de Hacienda y Administración Pública, defendió la competencia de la administración andaluza para organizar la jornada de trabajo. La medida afecta a los más de 250.000 empleados públicos andaluces. El número de activos en el tercer trimestre de 2017 se situó en 3.957.900 personas en Andalucía, según la EPA. Al abrigo de la Junta, como poco, tributa directamente el 7% de la población de la región y estos trabajadores no tendrán la obligación de fichar por las 2,5 horas que impone el TC sobre las 35 restablecidas al renunciar la Junta a mecanismos de «control horario» a petición sindical.

«Nadie puede poner ni la más mínima objeción», señaló Montero sobre el acuerdo firmado ayer con CSIF, UGT y CCOO y que tomará rango de decreto en el Consejo de Gobierno de hoy para su inmediata entrada en vigor. «Si de verdad el Gobierno central considera que se trata de un problema de igualdad, que regule la jornada de 35 horas para toda España», defendió la consejera. El acuerdo con los sindicatos, aunque parezca una paradoja, se presenta como una forma de acatar la sentencia del TC en contra de la aplicación de la jornada de 35 horas semanales para los funcionarios de la Junta. Se eleva la jornada a 37,5 horas pero 35 serán presenciales y 2,5 horas se dedicarán a la preparación y organización de las tareas del puesto de trabajo y a consultas y formación.

El control del «teletrabajo» será similar al del sector docente. «Con el devenir de la medida, iremos ajustando», señaló Montero. La consejera denominó como «subterfugios» el uso de márgenes de cortesía de media hora en el acceso al puesto de trabajo para computar las 37,5 horas utilizado en otras regiones. El reconocimiento del trabajo no presencial supone una aspiración histórica de los sindicatos, respaldada por el Estatuto Básico del Empleado Público, señaló Montero sin necesidad de citar el derecho consuetudinario. La Consejería señala que no se modifican los turnos de trabajo «ni los 7.000 puestos creados con motivo de la reducción horaria». No obstante, el acuerdo recoge que «se redistribuirá el horario lectivo semanal del personal docente, a excepción del que imparte las enseñanzas de educación infantil y primaria y el de los Centros Específicos de Educación Especial». En el ámbito sanitario se mantendrán los turnos aprobados y no se alterarán las retribuciones de jornada complementaria.

Tampoco supone un desembolso extra para las arcas andaluzas. El acuerdo recoge «expresamente el compromiso de las partes firmantes de seguir negociando para avanzar en la mejora de las condiciones de trabajo del personal al servicio del sector público andaluz, siempre en función de la disponibilidad presupuestaria; especialmente, y entre otras, en el establecimiento de medidas que sigan progresando en la conciliación de la vida personal, familiar y laboral». «Las partes consideran necesario adoptar medidas transitorias para ordenar la jornada de trabajo y horarios del personal», señala el acuerdo. «La puesta en funcionamiento» de estas medidas «impedirá la destrucción de empleo público, sin perjuicio de que, además, para garantizar su normal aplicación, se adopten otras medidas sobre contratación de personal», continúa.

Los sindicatos señalaron que se trata de una medida «transitoria» hasta que el Gobierno devuelva el derecho de los empleados públicos andaluces a trabajar 35 horas, una medida que se aplica desde 1999 y que suspendió el Ejecutivo central en 2012 y restituyó la Junta en 2017. Antonio Tirado, de UGT; Agustín de la Cruz, de CC OO; y José Luis Heredia, de CSIF, recalcaron que no se burla la sentencia del TC ni hay insumisión. Para la consejera, como nunca ha existido igualdad de la jornada en la función pública en España, «no hay quiebra de trato» como alega el Gobierno, acusándole de querer convertir medidas transitorias derivada de la crisis en definitivas y recordando que antes de las medidas de austeridad nueve comunidades ya contemplaban la jornada de 35 horas. Montero señaló que el presidente del PP-A, Juanma Moreno, «no puede permanecer con la cabeza debajo del ala; no sé si no influyó o ni siquiera intercedió sobre las 35 horas». El vicepresidente Jiménez Barrios afeó al líder popular andaluz que se comprometiera con los sindicatos «y no ha sido capaz de cumplir con su palabra». Podemos tendió la mano a la Junta frente al «acoso y derribo» del PP. IU pedirá hoy la alteración del orden del día del Pleno para que Montero comparezca en el Parlamento. El PP-A exige a la Junta que «no juegue con los funcionarios» y busque una fórmula que dé «seguridad jurídica».

MO La consejera, Maria Jesus Montero, se reune con los sindicatos 020

La consejera María Jesús Montero, en el edificio de Torre Triana. Foto de Manuel Olmedo

La retórica victimista y la simpatía por el “Alcorconazo”

La teoría marca que la retórica victimista «es una técnica demagógica que consiste en descalificar al adversario mostrándolo como atacante en lugar de refutar sus afirmaciones». El sujeto «adopta el rol de víctima dentro del contexto de la discusión, de tal forma que el otro interlocutor queda posicionado implícitamente frente a terceros como un impositor autoritario y su argumentación como mera imposición o ataque». La última comisión parlamentaria de Hacienda fue un caso práctico. «Hay que ser contundentes contra la corrupción», señaló María Jesús Montero, instando a los populares a «pedir perdón» ante las «difamaciones y permanentes insidias hacia personas con cargos a los que se le ha archivado la causa, pero el PP tiene afán por arrojar sombras de duda y no le interesa recuperar el dinero público». El PP preguntó por los expedientes de reintegro caducados y las transferencias a IFA/IDEA, el ente del «fondo de reptiles».

Con el 26J a la vista, la actualidad judicial –el sobreseimiento del consejero Ramírez de Arellano en el «caso Centrius» y el auto judicial que asegura que en Jaén no se ha producido fraude en la formación, cargando contra la Policía– ha cargado a la Junta de argumentos para rescatar la teoría de la «causa general». La consejera María Jesús Montero se escudó en los citados casos. «Tienen que pedir perdón», señaló repetidamente aludiendo a Arellano, por más que, por ejemplo, en el bando popular haya sido absuelta la ex alcaldesa de Jerez María José García Pelayo y tampoco nadie haya pedido perdón públicamente. «El chicle no estira más», insistió sobre la formación, acusando al PP de «empozoñar» la vida pública y de seguir «intentando prolongar la comisión de formación y los casos que les aporta rédito electoral, pero ya no estira más». «La misma cantinela, el mismo tam-tam, erre que erre y sin pedir perdón», señaló Montero al ser cuestionada por los fondos recuperados en el «caso ERE» –855 millones en entredicho– o en la formación –tres millones de 90 reclamados, de 2.896 millones repartidos–. «La Junta, junto a la Agencia Tributaria estatal, hará lo imposible para recuperar hasta el último euro», defendió Montero.

«El victimista se disfraza de víctima, consciente o inconscientemente, simulando una agresión o menoscabo inexistente; y/o responsabilizando erróneamente al entorno o a los demás», continúa la teoría. La estrategia y la mercadotecnia –sucesivos cortes en la televisión pública incidiendo en la idea– hacen el resto. El trasfondo psicológico es el mismo que hace que durante una eliminatoria entre el Real Madrid y el Alcorcón o el Barcelona y el Numancia el aficionado vea con simpatía al rival más débil o que en Roland Garros se abucheara a Nadal o en Tour a Indurain. «La Junta no tiene interés en recuperar los fondos porque quedaría al descubierto la red clientelar», señaló el PP. La consejera aseguró que «los reintegros de la Junta los gestiona la Agencia Tributaria de Montoro».

Los objetivos de esta estrategia pasan por polarizar (se señala a un enemigo externo, a un antagonista reconocible); desacreditar («El PP va a dar lecciones, teniendo que pagar una fianza por la reforma de su sede», recordó Montero); y reforzar (la pertenencia a un grupo). La polarización y el refuerzo tienen un efecto evidente sobre el voto propio (Chaves utilizó esta estrategia del agravio con rédito durante los años de Aznar). El descrédito del rival, por su parte, persigue debilitar el voto ajeno más susceptible de cambiar de opción política así como los indecisos. Otro efecto es el del «recuerdo negativo», provocando que a la hora de la decisión electoral se asocie determinada marca con determinado caso. PP-Gürtel, PSOE-ERE o Formación, por ejemplo. Se trata de una técnica recurrente y en muchas eficaz a corto plazo –caso de Camps en Valencia, que con las acusaciones iniciales de los trajes ganó un escaño– en los casos en los que se exige la asunción de responsabilidades y se cuenta con un importante caladero de votos y otros tantos que fluctúan en su intención.El PP denunció que “todo lo que ocurre pone en evidencia que la Administración carece de mecanismos para controlar lo que se recupera. No sabemos la cuantía reclamada y la cuantía reintegrada”, señaló la diputada Ruiz Sillero, dudando de las “cifras redondas” que ofreció la Junta tras meses sin respuesta. Miranda, también por el PP, señaló que la Junta “ha denunciado al funcionario” que denunció la “falta de procedimiento” en el “caso Invercaria” en lugar de perseguir el fraude. “No es lo mismo un ilícito penal que errores contables. No utilice la fiscalización cuando le interesa”, respondió Montero, cuestionando continuamente “de qué año habla” y acusando a la oposición de crear “una apariencia de que es ahora mismo” cuando “la Junta toma nota de todos los órganos de fiscalización y no difamamos como ustedes”.

“El tiempo es un círculo plano”, también en la Junta de Andalucía

«El tiempo es un círculo plano. Todo lo que hemos hecho y todo lo que haremos lo repetiremos una y otra vez». La filosofía existencial de Rust Cohle (pergeñada por Nic Pizzolatto en «True Detective») engarza con la Administración andaluza. En la era de la información, cuando Google deviene en Oráculo de Delfos, la hemeroteca ejerce como Ministerio Público de la memoria. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, anunció que el Consejo de Gobierno aprobará hoy el inicio de la tramitación de la Ley de Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público Andaluz, que «blindará» la salud como «un derecho» ciudadano y una «obligación» de los responsables públicos. Se trata de una norma que ya esbozó Griñán en su discurso de investidura de mayo de 2012 y que en junio de ese mismo año era promovida por la entonces consejera de Salud y Bienestar Social María Jesús Montero, bajo la premisa de que el actual modelo es un «logro ciudadano seriamente amenazado». Del paquete de 28 leyes anunciado desde 2012 por el Ejecutivo socialista en coalición con IU, sería la tercera ley que se tramita. A una por año. Las dos anteriores son la de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, con discrepancias sobre su cumplimiento, y la de transparencia, con un portal web a medio construir. En total, desde 2012, la Junta ha aprobado 16 leyes y reformas normativas, Presupuesto incluido.

Durante su visita al Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS), Susana Díaz recordó que ya anunció que en este nuevo tiempo la salud iba a tener «un papel preponderante». Esta norma fue una de las promesas de la campaña socialista para las autonómicas. Díaz defendió que es necesario reforzar la Atención Primaria y la red de hospitales públicos, y apostar de manera «firme» por la investigación. «No dejaremos a la especulación la salud de las personas», recalcó la presidenta, añadiendo otra de las promesas de su campaña: el «retorno del talento» para que los jóvenes investigadores desarrollen su tarea en la red sanitaria pública andaluza. «Hay que apostar por la investigación, que va a ser uno de los pilares, la ‘joya’, en esta etapa», destacó. La Junta, añadió, va a «poner recursos y medios para que Andalucía siga siendo vanguardia, un referente nacional en investigación biomédica y en la aplicación de la misma a los pacientes».

La presidenta andaluza defendió que «apostar por la investigación es apostar por el futuro de la salud pública», destacando la investigación «de excelencia» que se realiza en el Instituto de Biomedicina de Sevilla –el cual ha permitido el nacimiento de 55 bebés libres de enfermedad hereditaria–, que cuenta con otras 800 personas adscritas a los grupos de investigación. Susana Díaz insistió en que la salud «va a tener un papel preponderante en Andalucía» y explicó que «para apostar por la salud hay que apostar por la investigación». «Vamos a poner recursos para que Andalucía siga estando a la vanguardia y siendo pionera, un referente nacional», incluso fuera de nuestras fronteras, en investigación biomédica y su aplicación a todos los pacientes, señaló.

En 2012, María Jesús Montero hablaba en similares términos de la Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público. Se trataba de uno de los objetivos de la IX Legislatura que se retoma en la X. «Se trata de seguir avanzando en la consolidación de derechos de nueva generación, en la calidad y excelencia de los servicios públicos pero sin dejarnos arrebatar ni un palmo de lo conseguido hasta el momento; estableciendo las defensas para proteger al sistema público de los embates neoliberales que se ciernen sobre él, ahora más que nunca», explicaba en 2012 la ahora consejera de Hacienda. Entonces, también se anunció la elaboración de una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Sanitaria, la Ley de Renta Básica, una norma para regular la Objeción de Conciencia, la actualización de la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad, la Ley de Derechos y Atención al Menor y la Ley de Servicios de Andalucía. Desde su anuncio, tras la sustitución de Chaves por Griñán, se ha producido el relevo del segundo por Susana Díaz dentro de un Gobierno bipartito, la ruptura del Ejecutivo, unos comicios autonómicos adelantados y más de 80 días de parálisis ante la negativa de los grupos parlamentarios a investir a la candidata electa. En este periodo de tiempo, el bagaje es de una treintena de decretos –entre los que sobresale el «antidesahucios» tumbado por la Justicia– y dos leyes del pacto de Gobierno con IU –las citadas de Libertad Sexual y Transparencia– . Podemos, precisamente, va a trasladar al Parlamento las peticiones del colectivo transexual por el «incumplimiento» de la ley andaluza. La Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA) ha alertado de la falta de cumplimiento de la ley integral para la no discriminación por motivos de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, aprobada, eterno retorno, hace un año.