Candyman o el sortilegio de las 35 horas

La Junta, en un anhelo de omnisciencia, busca escribir derecho con renglones torcidos. Se han buscado maneras de invocar el sortilegio aunque hasta ahora en todas ellas, como en Candyman, el resultado conlleva que Mariano Rajoy aparezca tras el espejo con un recurso favorable del Tribunal Constitucional (TC). La Junta descarta que el Gobierno central acuda de nuevo a la vía judicial. María Jesús Montero, la consejera de Hacienda y Administración Pública, defendió la competencia de la administración andaluza para organizar la jornada de trabajo. La medida afecta a los más de 250.000 empleados públicos andaluces. El número de activos en el tercer trimestre de 2017 se situó en 3.957.900 personas en Andalucía, según la EPA. Al abrigo de la Junta, como poco, tributa directamente el 7% de la población de la región y estos trabajadores no tendrán la obligación de fichar por las 2,5 horas que impone el TC sobre las 35 restablecidas al renunciar la Junta a mecanismos de «control horario» a petición sindical.

«Nadie puede poner ni la más mínima objeción», señaló Montero sobre el acuerdo firmado ayer con CSIF, UGT y CCOO y que tomará rango de decreto en el Consejo de Gobierno de hoy para su inmediata entrada en vigor. «Si de verdad el Gobierno central considera que se trata de un problema de igualdad, que regule la jornada de 35 horas para toda España», defendió la consejera. El acuerdo con los sindicatos, aunque parezca una paradoja, se presenta como una forma de acatar la sentencia del TC en contra de la aplicación de la jornada de 35 horas semanales para los funcionarios de la Junta. Se eleva la jornada a 37,5 horas pero 35 serán presenciales y 2,5 horas se dedicarán a la preparación y organización de las tareas del puesto de trabajo y a consultas y formación.

El control del «teletrabajo» será similar al del sector docente. «Con el devenir de la medida, iremos ajustando», señaló Montero. La consejera denominó como «subterfugios» el uso de márgenes de cortesía de media hora en el acceso al puesto de trabajo para computar las 37,5 horas utilizado en otras regiones. El reconocimiento del trabajo no presencial supone una aspiración histórica de los sindicatos, respaldada por el Estatuto Básico del Empleado Público, señaló Montero sin necesidad de citar el derecho consuetudinario. La Consejería señala que no se modifican los turnos de trabajo «ni los 7.000 puestos creados con motivo de la reducción horaria». No obstante, el acuerdo recoge que «se redistribuirá el horario lectivo semanal del personal docente, a excepción del que imparte las enseñanzas de educación infantil y primaria y el de los Centros Específicos de Educación Especial». En el ámbito sanitario se mantendrán los turnos aprobados y no se alterarán las retribuciones de jornada complementaria.

Tampoco supone un desembolso extra para las arcas andaluzas. El acuerdo recoge «expresamente el compromiso de las partes firmantes de seguir negociando para avanzar en la mejora de las condiciones de trabajo del personal al servicio del sector público andaluz, siempre en función de la disponibilidad presupuestaria; especialmente, y entre otras, en el establecimiento de medidas que sigan progresando en la conciliación de la vida personal, familiar y laboral». «Las partes consideran necesario adoptar medidas transitorias para ordenar la jornada de trabajo y horarios del personal», señala el acuerdo. «La puesta en funcionamiento» de estas medidas «impedirá la destrucción de empleo público, sin perjuicio de que, además, para garantizar su normal aplicación, se adopten otras medidas sobre contratación de personal», continúa.

Los sindicatos señalaron que se trata de una medida «transitoria» hasta que el Gobierno devuelva el derecho de los empleados públicos andaluces a trabajar 35 horas, una medida que se aplica desde 1999 y que suspendió el Ejecutivo central en 2012 y restituyó la Junta en 2017. Antonio Tirado, de UGT; Agustín de la Cruz, de CC OO; y José Luis Heredia, de CSIF, recalcaron que no se burla la sentencia del TC ni hay insumisión. Para la consejera, como nunca ha existido igualdad de la jornada en la función pública en España, «no hay quiebra de trato» como alega el Gobierno, acusándole de querer convertir medidas transitorias derivada de la crisis en definitivas y recordando que antes de las medidas de austeridad nueve comunidades ya contemplaban la jornada de 35 horas. Montero señaló que el presidente del PP-A, Juanma Moreno, «no puede permanecer con la cabeza debajo del ala; no sé si no influyó o ni siquiera intercedió sobre las 35 horas». El vicepresidente Jiménez Barrios afeó al líder popular andaluz que se comprometiera con los sindicatos «y no ha sido capaz de cumplir con su palabra». Podemos tendió la mano a la Junta frente al «acoso y derribo» del PP. IU pedirá hoy la alteración del orden del día del Pleno para que Montero comparezca en el Parlamento. El PP-A exige a la Junta que «no juegue con los funcionarios» y busque una fórmula que dé «seguridad jurídica».

MO La consejera, Maria Jesus Montero, se reune con los sindicatos 020

La consejera María Jesús Montero, en el edificio de Torre Triana. Foto de Manuel Olmedo

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La retórica victimista y la simpatía por el “Alcorconazo”

La teoría marca que la retórica victimista «es una técnica demagógica que consiste en descalificar al adversario mostrándolo como atacante en lugar de refutar sus afirmaciones». El sujeto «adopta el rol de víctima dentro del contexto de la discusión, de tal forma que el otro interlocutor queda posicionado implícitamente frente a terceros como un impositor autoritario y su argumentación como mera imposición o ataque». La última comisión parlamentaria de Hacienda fue un caso práctico. «Hay que ser contundentes contra la corrupción», señaló María Jesús Montero, instando a los populares a «pedir perdón» ante las «difamaciones y permanentes insidias hacia personas con cargos a los que se le ha archivado la causa, pero el PP tiene afán por arrojar sombras de duda y no le interesa recuperar el dinero público». El PP preguntó por los expedientes de reintegro caducados y las transferencias a IFA/IDEA, el ente del «fondo de reptiles».

Con el 26J a la vista, la actualidad judicial –el sobreseimiento del consejero Ramírez de Arellano en el «caso Centrius» y el auto judicial que asegura que en Jaén no se ha producido fraude en la formación, cargando contra la Policía– ha cargado a la Junta de argumentos para rescatar la teoría de la «causa general». La consejera María Jesús Montero se escudó en los citados casos. «Tienen que pedir perdón», señaló repetidamente aludiendo a Arellano, por más que, por ejemplo, en el bando popular haya sido absuelta la ex alcaldesa de Jerez María José García Pelayo y tampoco nadie haya pedido perdón públicamente. «El chicle no estira más», insistió sobre la formación, acusando al PP de «empozoñar» la vida pública y de seguir «intentando prolongar la comisión de formación y los casos que les aporta rédito electoral, pero ya no estira más». «La misma cantinela, el mismo tam-tam, erre que erre y sin pedir perdón», señaló Montero al ser cuestionada por los fondos recuperados en el «caso ERE» –855 millones en entredicho– o en la formación –tres millones de 90 reclamados, de 2.896 millones repartidos–. «La Junta, junto a la Agencia Tributaria estatal, hará lo imposible para recuperar hasta el último euro», defendió Montero.

«El victimista se disfraza de víctima, consciente o inconscientemente, simulando una agresión o menoscabo inexistente; y/o responsabilizando erróneamente al entorno o a los demás», continúa la teoría. La estrategia y la mercadotecnia –sucesivos cortes en la televisión pública incidiendo en la idea– hacen el resto. El trasfondo psicológico es el mismo que hace que durante una eliminatoria entre el Real Madrid y el Alcorcón o el Barcelona y el Numancia el aficionado vea con simpatía al rival más débil o que en Roland Garros se abucheara a Nadal o en Tour a Indurain. «La Junta no tiene interés en recuperar los fondos porque quedaría al descubierto la red clientelar», señaló el PP. La consejera aseguró que «los reintegros de la Junta los gestiona la Agencia Tributaria de Montoro».

Los objetivos de esta estrategia pasan por polarizar (se señala a un enemigo externo, a un antagonista reconocible); desacreditar («El PP va a dar lecciones, teniendo que pagar una fianza por la reforma de su sede», recordó Montero); y reforzar (la pertenencia a un grupo). La polarización y el refuerzo tienen un efecto evidente sobre el voto propio (Chaves utilizó esta estrategia del agravio con rédito durante los años de Aznar). El descrédito del rival, por su parte, persigue debilitar el voto ajeno más susceptible de cambiar de opción política así como los indecisos. Otro efecto es el del «recuerdo negativo», provocando que a la hora de la decisión electoral se asocie determinada marca con determinado caso. PP-Gürtel, PSOE-ERE o Formación, por ejemplo. Se trata de una técnica recurrente y en muchas eficaz a corto plazo –caso de Camps en Valencia, que con las acusaciones iniciales de los trajes ganó un escaño– en los casos en los que se exige la asunción de responsabilidades y se cuenta con un importante caladero de votos y otros tantos que fluctúan en su intención.El PP denunció que “todo lo que ocurre pone en evidencia que la Administración carece de mecanismos para controlar lo que se recupera. No sabemos la cuantía reclamada y la cuantía reintegrada”, señaló la diputada Ruiz Sillero, dudando de las “cifras redondas” que ofreció la Junta tras meses sin respuesta. Miranda, también por el PP, señaló que la Junta “ha denunciado al funcionario” que denunció la “falta de procedimiento” en el “caso Invercaria” en lugar de perseguir el fraude. “No es lo mismo un ilícito penal que errores contables. No utilice la fiscalización cuando le interesa”, respondió Montero, cuestionando continuamente “de qué año habla” y acusando a la oposición de crear “una apariencia de que es ahora mismo” cuando “la Junta toma nota de todos los órganos de fiscalización y no difamamos como ustedes”.

“El tiempo es un círculo plano”, también en la Junta de Andalucía

«El tiempo es un círculo plano. Todo lo que hemos hecho y todo lo que haremos lo repetiremos una y otra vez». La filosofía existencial de Rust Cohle (pergeñada por Nic Pizzolatto en «True Detective») engarza con la Administración andaluza. En la era de la información, cuando Google deviene en Oráculo de Delfos, la hemeroteca ejerce como Ministerio Público de la memoria. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, anunció que el Consejo de Gobierno aprobará hoy el inicio de la tramitación de la Ley de Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público Andaluz, que «blindará» la salud como «un derecho» ciudadano y una «obligación» de los responsables públicos. Se trata de una norma que ya esbozó Griñán en su discurso de investidura de mayo de 2012 y que en junio de ese mismo año era promovida por la entonces consejera de Salud y Bienestar Social María Jesús Montero, bajo la premisa de que el actual modelo es un «logro ciudadano seriamente amenazado». Del paquete de 28 leyes anunciado desde 2012 por el Ejecutivo socialista en coalición con IU, sería la tercera ley que se tramita. A una por año. Las dos anteriores son la de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, con discrepancias sobre su cumplimiento, y la de transparencia, con un portal web a medio construir. En total, desde 2012, la Junta ha aprobado 16 leyes y reformas normativas, Presupuesto incluido.

Durante su visita al Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS), Susana Díaz recordó que ya anunció que en este nuevo tiempo la salud iba a tener «un papel preponderante». Esta norma fue una de las promesas de la campaña socialista para las autonómicas. Díaz defendió que es necesario reforzar la Atención Primaria y la red de hospitales públicos, y apostar de manera «firme» por la investigación. «No dejaremos a la especulación la salud de las personas», recalcó la presidenta, añadiendo otra de las promesas de su campaña: el «retorno del talento» para que los jóvenes investigadores desarrollen su tarea en la red sanitaria pública andaluza. «Hay que apostar por la investigación, que va a ser uno de los pilares, la ‘joya’, en esta etapa», destacó. La Junta, añadió, va a «poner recursos y medios para que Andalucía siga siendo vanguardia, un referente nacional en investigación biomédica y en la aplicación de la misma a los pacientes».

La presidenta andaluza defendió que «apostar por la investigación es apostar por el futuro de la salud pública», destacando la investigación «de excelencia» que se realiza en el Instituto de Biomedicina de Sevilla –el cual ha permitido el nacimiento de 55 bebés libres de enfermedad hereditaria–, que cuenta con otras 800 personas adscritas a los grupos de investigación. Susana Díaz insistió en que la salud «va a tener un papel preponderante en Andalucía» y explicó que «para apostar por la salud hay que apostar por la investigación». «Vamos a poner recursos para que Andalucía siga estando a la vanguardia y siendo pionera, un referente nacional», incluso fuera de nuestras fronteras, en investigación biomédica y su aplicación a todos los pacientes, señaló.

En 2012, María Jesús Montero hablaba en similares términos de la Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público. Se trataba de uno de los objetivos de la IX Legislatura que se retoma en la X. «Se trata de seguir avanzando en la consolidación de derechos de nueva generación, en la calidad y excelencia de los servicios públicos pero sin dejarnos arrebatar ni un palmo de lo conseguido hasta el momento; estableciendo las defensas para proteger al sistema público de los embates neoliberales que se ciernen sobre él, ahora más que nunca», explicaba en 2012 la ahora consejera de Hacienda. Entonces, también se anunció la elaboración de una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Sanitaria, la Ley de Renta Básica, una norma para regular la Objeción de Conciencia, la actualización de la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad, la Ley de Derechos y Atención al Menor y la Ley de Servicios de Andalucía. Desde su anuncio, tras la sustitución de Chaves por Griñán, se ha producido el relevo del segundo por Susana Díaz dentro de un Gobierno bipartito, la ruptura del Ejecutivo, unos comicios autonómicos adelantados y más de 80 días de parálisis ante la negativa de los grupos parlamentarios a investir a la candidata electa. En este periodo de tiempo, el bagaje es de una treintena de decretos –entre los que sobresale el «antidesahucios» tumbado por la Justicia– y dos leyes del pacto de Gobierno con IU –las citadas de Libertad Sexual y Transparencia– . Podemos, precisamente, va a trasladar al Parlamento las peticiones del colectivo transexual por el «incumplimiento» de la ley andaluza. La Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA) ha alertado de la falta de cumplimiento de la ley integral para la no discriminación por motivos de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, aprobada, eterno retorno, hace un año.