El «principio de parsimonia» en la Audiencia de Sevilla

El 13 de diciembre de 2010, Griñán, como presidente de la Junta, y Rubalcaba, como vicepresidente del Gobierno, cerraban acuerdos sobre Doñana, viviendas y chiringuitos. Siete años devoran todos los espejos y hace añicos las garnachas. Ahora, el ex presidente autonómico, junto a su predecesor en el cargo, Manuel Chaves, y otros 20 ex altos cargos de la Junta se sientan en los bancos de la Audiencia como investigados en la pieza del «procedimiento específico» del «caso ERE», para dilucidar si las ayudas sociolaborales y la partida 31L, el llamado «fondo de reptiles», eran una suerte de «chiringuito» desde el que se hilaba la tela de araña de la red clientelar de la administración. El grueso del juicio queda pospuesto a partir del 9 de enero. El «turrón» del «caso ERE» se dirimirá tras los polvorones de Navidad y la digestión se vislumbra pesada. Tras tres jornadas, queda para la historia la imagen de un Consejo de Gobierno en la bancada de los acusados y la aparición en escena de la principal instructora de la causa, Mercedes Alaya, poniendo en cuestión, con la pálida querencia de Clarise M. Sterling ante el doctor Lecter, lapsus incluido, hasta la propia independencia judicial. «No parece prudente ni sensato que un juez ponga en cuestión de forma corriente la independencia de jueces de otros órganos jurisdiccionales; ni que envíe al público opiniones subjetivas sobre un juicio actual de cuya instrucción ella se ocupó», concluyó el abogado de Griñán, José María Mohedano, quien comparte apellido con la titular original del título de «la más grande» con el que en su día apodaron las partes a la jueza Alaya.

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“Adopta un reportero”: retazos de una especie en peligro de extinción

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El tatuaje de la Leica M3 del 62 de su abuelo, en la diestra, le delata y esconde en tinta el cruel recuerdo de «la felicidad» hecha cámara. Un vestigio del pasado. Cualquier tiempo pasado fue anterior pero no necesariamente mejor («que también»). Un tratado del oficio de mirar y ver. De detener el tiempo en un mundo que no para. La contradicción de una foto. La antigua alquimia de encerrarse en un cuarto oscuro y parir la luz. Un proceso, un parto, ahora reducido al duelo frente a la pantalla de retina de un ordenador. «Lo único que nos separa de la muerte es el tiempo», decía Hemingway. Lo único que detiene el tiempo es una fotografía. El retrato de un instante enmarcado en una ilusión de eternidad.

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De móviles requisados, retenciones de periodistas, la juez Alaya y la falta de medios de los juzgados

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La juez Mercedes Alaya. Fotografía de Manuel Olmedo.

La voz de la juez Alaya, como la nariz de Cleopatra VII, es un misterio. A Mercedes Alaya, como a los emperadores de la dinastía Ming, nadie la nombra en los juzgados de Sevilla. En el Prado de San Sebastián, por los pasillos, la llaman «Su Señoría». Los más intrépidos, se atreven con un «doña Mercedes». La innombrable. La jefa de todo. La emperadora de todo. La instructora de las megacausas que tienen en jaque a las que pasan por las dos instituciones con más fieles de Sevilla: el Real Betis Balompié y la Junta de Andalucía. No necesariamente en este orden. Si a Alaya le molesta la presencia de los periodistas enrededor de su juzgado, el juez decano acepta y exilia a la prensa a un banco varias plantas más abajo. La capital de Andalucía, conviene recordarlo, alberga su sede judicial en unos edificios infradotados, sin medios, a la espera de una Ciudad de la Justicia que legislatura a legislatura se promete pero no llega. Los periodistas no tienen ni una sala en la que ejercer la libertad de prensa de una manera digna. Las quejas de la Asociación de la Prensa de Sevilla caen continuadamente en saco roto ante el TSJA. Se da la circunstancia de que el único enchufe que funciona en la planta del juzgado de Alaya está junto a su despacho. La magistrada, tras regalarle al periodista de LA RAZÓN la oportunidad de escuchar su voz –escasas personas, y menos sin imputar, la han escuchado– y mantener una conversación sobre su móvil, que se estaba cargando, cuestionó al redactor si «¿no hay en todo el edificio más enchufes que el que está junto a mi despacho?». Minutos después, la juez apareció con un Guardia Civil que instó al periodista a acompañarle, tras lo que se le «requisó» el teléfono y posteriormente se le «identificó» debido a que «Su Señoría ha dado orden de averiguar si se ha grabado algo». Tras algo más de 30 minutos de retención, en una labor que a los propios agentes de la Guardia Civil les resultaba ingrata e inspeccionar que efectivamente el móvil ni siquiera había sido encendido, el redactor de LA RAZÓN, que en todo momento estuvo apoyado por los compañeros presentes de otros medios, pudo salir de las dependencias policiales del Juzgado de Guardia para continuar con su labor. Una anécdota -o un magnífico homenaje a modo de charlotada en el aniversario del nacimiento de Chaplin- que revela el grado de nerviosismo de doña Mercedes y la presión que sufre. Su Señoría.

La corrupción que no cesa

La jueza Mercede

La jueza Mercedes Alaya. Cedida por Manuel Olmedo.

En los debates de campaña, los partidos han acordado denominar «Transparencia» al apartado en el que sacan la artillería sobre la corrupción. En el primero y penúltimo, en Canal Sur, Juanma Moreno tiró de recurso fotográfico para retratar a Susana Díaz flanqueada por Chaves y Griñán. Díaz respondió a Moreno con una portada en la que aparecía entre «los bienpagados» del PP en relación al «caso Bárcenas». La corrupción, tan instalada en el día a día de la política andaluza, entra en campaña.

La estrategia contemplada por Susana Díaz cuando decidió adelantar las elecciones se enturbió cuando el Supremo llamó a declarar a Chaves y Griñán. La presidenta contaba con ser la primera fuerza en intención de voto. También preveía posibles movimientos desde el juzgado de Mercedes Alaya, de ahí que se apresurara a blindar a los consejeros señalados en la Diputación Permanente del Parlamento. Los imponderables se han presentado de forma exógena y endógena. Pedro Sánchez «cortó» la cabeza de Tomás Gómez en Madrid, acabando con uno de los posibles apoyos de la presidenta andaluza de cara al hipotético asalto al tablero nacional. El fuego amigo hizo pupa y Sánchez sólo está en cartel para los mítines andaluces en dos ocasiones. El viernes en Almería apenas se trataron fuera del escenario. Ayer Díaz dio por hecho que Rajoy gobernará los próximos 4 años.

El Supremo citó en calidad de imputados a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, esto es, quien la colocó a ella a dedo como presidenta y quien a su vez hizo lo propio con su valedor. Además, están citados varios ex consejeros: Zarrías, Moreno y José Antonio Viera, de quien Díaz fue mano derecha y sucesora en el PSOE de Sevilla. Casi paralelamente y hasta hace unos días, la operación «Edu» culminó una nueva fase, con cientos de detenciones. Los ERE, las facturas falsas, los fondos de formación, Invercaria, el caso Madeja o antes el «caso Malaya» forman parte de la crónica andaluza desde hace más de una década. Esta inestabilidad se fraguó en forma de bipartito en 2012.

«Malaya» pasa por el mayor caso de corrupción urbanística en España. La investigación arrancó en 2005 y provocó que por primera vez una gestora se hiciera cargo de un Ayuntamiento. El fraude rondó los 2.400 millones. El «caso Edu» investiga las supuestas irregularidades en la formación a cargo del Servicio Andaluz de Empleo, arrancó en 2014. El ex consejero de la Junta Ángel Ojeda, presuntamente, es uno de los grandes beneficiados. Podría haber recibido más de 50 millones. La «operación Edu» suma ya 245 imputados. Las ayudas superan los 2.000 millones, aunque está por ver qué cantidad es la defraudada.

El «caso ERE» nace del «caso Mercasevilla» (2009), en el que se grabó a los directivos pidiendo «mordidas», «para carteles de Felipe y los niños saharauis». «La Junta ayuda a quien le ayuda» es una de las frases más recordadas. El «caso de los ERE» ha pasado de un fraude de «cuatro golfos», como sostenían los socialistas, a la imputación de hasta los ex presidentes. La llamada «paz social» –el argumento base del «fondo de reptiles»– ha salido muy cara a las cuentas públicas y está por ver quién paga la cuenta. La paz social en Andalucía, como la muerte en la película de Sergio Leone, tenía un precio. Desde 1991 hasta ahora, alrededor de 128.000 millones bajo el marchamo de la legalidad. Con ese montante, se podrían haber adjudicado 32 obras como las del Canal de Panamá. La causa cuenta con unos 270 imputados y el fraude estimado por la juez Alaya es de 855 millones. Más de 60 son cargos y ex altos cargos de la Junta; más de 40, de empresas; una quincena de sindicalistas; otros tantos de mediadoras; una decena de abogados; cerca de 75 intrusos; y varios testaferros.

El «caso Invercaria» estudia las inversiones de capital-riesgo de un ente de la Junta. Hay una treintena de empresas investigadas que recibieron ayudas pese a que sus proyectos tenía una mínima base. El fraude puede elevarse a unos 50 millones.

El «caso Madeja» o «Fitonovo» se centra en el pago de mordidas por parte de esta empresa en diferentes administraciones para la obtención de contratos públicos; rebasa las fronteras andaluzas. Las mordidas superan los 4 millones. Sólo en el Ayuntamiento de Sevilla, la empresa habría obtenido contratos de más de 45 millones.

Los sindicatos de clase, a diferencia de las pasadas elecciones, cuando apoyaron a Griñán, están mostrando un perfil bajo. UGT está salpicado por el «caso de las facturas falsas» y, como CCOO, por el «caso ERE», en el que se les acusa del cobro de sobrecomisiones. La Junta ya ha pedido la devolución de más de 15 millones sin justificar a UGT.

La corrupción es el segundo problema para los andaluces, con un 49%, tras el paro, con casi el 89%. El mismo estudio del Cadpea previo a las elecciones de 2012 posicionaba a la corrupción como el tercer problema (20,7%), tras el paro (90,5%). El PSOE logró el peor resultado que se le recuerda en la comunidad, perdió las elecciones pero le valió para seguir gobernando. Ahora, parece que el hartazgo por la corrupción es aún mayor. El «efecto Susana» se la juega al todo o nada.

Entre los citados casos, el fraude puede rondar los 5.500 millones, esto es, la mitad del Presupuesto de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales para este año, apenas 500 millones menos que el montante de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte; o el doble que lo destinado a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

Díaz, oficialmente, rompió el pacto por la inestabilidad que le daba el teórico acercamiento nacional de IU a Podemos. De confirmarse las encuestas, la presidenta se verá abocada de nuevo a pactar. El desgaste político se antoja obvio. Si bien, en las pasadas elecciones Griñán estaba tanto o más señalado por los casos de corrupción y el castigo electoral le dio para seguir gobernando. El pueblo tiene razones que la Justicia no entiende.