Candyman o el sortilegio de las 35 horas

La Junta, en un anhelo de omnisciencia, busca escribir derecho con renglones torcidos. Se han buscado maneras de invocar el sortilegio aunque hasta ahora en todas ellas, como en Candyman, el resultado conlleva que Mariano Rajoy aparezca tras el espejo con un recurso favorable del Tribunal Constitucional (TC). La Junta descarta que el Gobierno central acuda de nuevo a la vía judicial. María Jesús Montero, la consejera de Hacienda y Administración Pública, defendió la competencia de la administración andaluza para organizar la jornada de trabajo. La medida afecta a los más de 250.000 empleados públicos andaluces. El número de activos en el tercer trimestre de 2017 se situó en 3.957.900 personas en Andalucía, según la EPA. Al abrigo de la Junta, como poco, tributa directamente el 7% de la población de la región y estos trabajadores no tendrán la obligación de fichar por las 2,5 horas que impone el TC sobre las 35 restablecidas al renunciar la Junta a mecanismos de «control horario» a petición sindical.

«Nadie puede poner ni la más mínima objeción», señaló Montero sobre el acuerdo firmado ayer con CSIF, UGT y CCOO y que tomará rango de decreto en el Consejo de Gobierno de hoy para su inmediata entrada en vigor. «Si de verdad el Gobierno central considera que se trata de un problema de igualdad, que regule la jornada de 35 horas para toda España», defendió la consejera. El acuerdo con los sindicatos, aunque parezca una paradoja, se presenta como una forma de acatar la sentencia del TC en contra de la aplicación de la jornada de 35 horas semanales para los funcionarios de la Junta. Se eleva la jornada a 37,5 horas pero 35 serán presenciales y 2,5 horas se dedicarán a la preparación y organización de las tareas del puesto de trabajo y a consultas y formación.

El control del «teletrabajo» será similar al del sector docente. «Con el devenir de la medida, iremos ajustando», señaló Montero. La consejera denominó como «subterfugios» el uso de márgenes de cortesía de media hora en el acceso al puesto de trabajo para computar las 37,5 horas utilizado en otras regiones. El reconocimiento del trabajo no presencial supone una aspiración histórica de los sindicatos, respaldada por el Estatuto Básico del Empleado Público, señaló Montero sin necesidad de citar el derecho consuetudinario. La Consejería señala que no se modifican los turnos de trabajo «ni los 7.000 puestos creados con motivo de la reducción horaria». No obstante, el acuerdo recoge que «se redistribuirá el horario lectivo semanal del personal docente, a excepción del que imparte las enseñanzas de educación infantil y primaria y el de los Centros Específicos de Educación Especial». En el ámbito sanitario se mantendrán los turnos aprobados y no se alterarán las retribuciones de jornada complementaria.

Tampoco supone un desembolso extra para las arcas andaluzas. El acuerdo recoge «expresamente el compromiso de las partes firmantes de seguir negociando para avanzar en la mejora de las condiciones de trabajo del personal al servicio del sector público andaluz, siempre en función de la disponibilidad presupuestaria; especialmente, y entre otras, en el establecimiento de medidas que sigan progresando en la conciliación de la vida personal, familiar y laboral». «Las partes consideran necesario adoptar medidas transitorias para ordenar la jornada de trabajo y horarios del personal», señala el acuerdo. «La puesta en funcionamiento» de estas medidas «impedirá la destrucción de empleo público, sin perjuicio de que, además, para garantizar su normal aplicación, se adopten otras medidas sobre contratación de personal», continúa.

Los sindicatos señalaron que se trata de una medida «transitoria» hasta que el Gobierno devuelva el derecho de los empleados públicos andaluces a trabajar 35 horas, una medida que se aplica desde 1999 y que suspendió el Ejecutivo central en 2012 y restituyó la Junta en 2017. Antonio Tirado, de UGT; Agustín de la Cruz, de CC OO; y José Luis Heredia, de CSIF, recalcaron que no se burla la sentencia del TC ni hay insumisión. Para la consejera, como nunca ha existido igualdad de la jornada en la función pública en España, «no hay quiebra de trato» como alega el Gobierno, acusándole de querer convertir medidas transitorias derivada de la crisis en definitivas y recordando que antes de las medidas de austeridad nueve comunidades ya contemplaban la jornada de 35 horas. Montero señaló que el presidente del PP-A, Juanma Moreno, «no puede permanecer con la cabeza debajo del ala; no sé si no influyó o ni siquiera intercedió sobre las 35 horas». El vicepresidente Jiménez Barrios afeó al líder popular andaluz que se comprometiera con los sindicatos «y no ha sido capaz de cumplir con su palabra». Podemos tendió la mano a la Junta frente al «acoso y derribo» del PP. IU pedirá hoy la alteración del orden del día del Pleno para que Montero comparezca en el Parlamento. El PP-A exige a la Junta que «no juegue con los funcionarios» y busque una fórmula que dé «seguridad jurídica».

MO La consejera, Maria Jesus Montero, se reune con los sindicatos 020

La consejera María Jesús Montero, en el edificio de Torre Triana. Foto de Manuel Olmedo

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Golpe en la Mesa (del Parlamento)

Blindaje socialista, con tres secretarios provinciales con máxima afinidad a Susana Díaz, y mínima representación para el PP, que anuncia un recurso ante el Constitucional. Los socialistas, en nombre de la «pluralidad» y el reglamento, quitan un miembro en la Mesa al PP. En el año 73 los judíos para defender la fortaleza de Masada se suicidaron por no entregársela a Roma. En la conformación de la Mesa del Parlamento, X Legislatura, el consenso murió antes de nacer. El 22M dejó un reparto de escaños que convertía la Cámara en un polvorín en el que, parafraseando a «House of Cards», (casi) todos portan una cerilla. En el minuto cero, el consenso estalló por los aires. A las 10:00, el portavoz socialista Mario Jiménez se reunía con los populares Loles López y Carlos Rojas en una representación pública del intento de alcanzar un acuerdo para conformar la Mesa. Pese a los amagos de reeditar una pinza hasta la noche anterior, PP, Podemos, Ciudadanos e IU, por acción u omisión, facilitaron, una vez más, que el PSOE impusiera su criterio, y su mayoría. Ayer, todas las formaciones negaron los movimientos. Lo demás quedó en ruido. De sables, pero ruido al fin y al cabo. El PSOE impone tres miembros en la Mesa y el PP, con 33 diputados, obtiene la misma representación que IU con cinco escaños.

La Mesa del Parlamento cuenta con tres secretarios provinciales del PSOE: Juan Pedro Durán, de Córdoba, como presidente; Teresa Jiménez, de Granada, como vicepresidenta; y Verónica Pérez, de Sevilla, como secretaria. Completan el órgano, la popular Esperanza Oña, como vicepresidenta segunda; Juan Moreno Yagüe, de Podemos, como vicepresidente tercero; y José Antonio Castro (IU) y Julio Díaz Robledo (C’s), como secretarios. A las 12:05 arrancó la sesión. Ampliar la mesa manteniendo la misma retribución a repartir entre un miembro más, lo que podría dictar el sentido común, aseguraron que no es compatible con el Reglamento. Cuando en México’86 Butragueño marcó cuatro goles a Bélgica, Luis Pizarro ya era diputado en la Cámara. Entonces, dijo, «no soñaba ser presidente de edad en la X Legislatura». Pizarro, en un discurso inusual por su corte político que anticipaba lo que se avecinaba, «habló de un Parlamento más plural pero con igual legitimidad». Pizarro dibujó «un horizonte claro: el interés general», que en Andalucía tiende a confundirse con el interés del PSOE. El Parlamento, dijo, «es la garantía de la centralidad política». 33 años después, siguen los mismos retos y desafíos que otras comunidades autónomas que estaban por encima también tienen». «Históricamente ha habido grandes controversias en el Parlamento, diferentes enfoques», para acabar con «tres palabras: diálogo, negociación, acuerdo», que «serán claves».

Toda las elecciones se produjeron en segunda vuelta. El PSOE propuso a Durán como presidente de la Cámara y el PP a Manuel Andrés González. El resto de grupos, a nadie. Cada formación votó a los suyos y el resto en blanco. Para la vicepresidencia, el PSOE presentó a Teresa Jiménez; PP, a Oña y Podemos a Juan Moreno Yagüe. C’s e IU no presentaron a nadie y se abstuvieron. Cada formación volvió a votar a los suyos. La endogamia, versión parlamentaria.

La necesidad de paridad hizo que los grupos presentaran como secretarios a Verónica Pérez (PSOE), Patricia del Pozo (PP), Julio Díaz Robledo por C’s y José Antonio Castro por IU. Cada formación se votó a sí misma, pero la obligatoriedad de que todos los grupos tengan miembro en la mesa dejó fuera a Del Pozo, del PP, con 33 votos, a favor de Castro, de IU, con 5 votos. Entonces, el portavoz popular Carlos Rojas rompió: «Ha pedido diálogo en su discurso», recordó a Pizarro. «Deje que termine. Vamos a terminar bien. Señoría, cumplan el Reglamento que votaron en diciembre. A cuenta de qué pide la palabra», contestó el presidente de la Mesa de Edad. Rojas apeló al artículo 78.3.2.4.1. y al 29.2. «Pido la palabra». El consiguiente lapsus de Pizarro resultó significativo, dada la inestabilidad tras el adelanto electoral: «Nos queda poco tiempo para terminar esta legislatura. Sesión, perdón». «Hemos quedado segundos», recordó Rojas. «¿Por qué los votos no valen? Usted no tiene competencia para interpretar el reglamento. Preside esta sesión, no es el presidente de la Cámara», dijo Rojas citando el artículo 29.2. «¿En base a qué dejan fuera a más de un millón de andaluces? Desalojan al PP. Es un ilícito perseguible. Usted no representa al PSOE, representa a todo el Parlamento, no manche esta institución, señor Pizarro. Apelo al artículo 34 y 35. A la proporción: ¿33 diputados es lo mismo que cinco? Nadie lo va a entender. Si lo censuran, iremos la Tribunal Constitucional por este despropósito, este atropello. Es un ataque a la Constitución. No negamos la representación de todos los grupos pero sin hurtar a otro grupo. Deponga su actitud, no acabe de esta menara su carrera», instó Rojas a Pizarro, acusándole de «robar los votos de las urnas». «En nombre de la democracia, convoque al diálogo».

Pizarro aseguró que es un presidente de edad «flexible», permietiendo «que cite artículos que no se corresponden». El diputado socialista recordó que «el Reglamento no establece proporcionalidad en la Mesa sino que todos los grupos tengan un miembro. Se trata, además, del único Parlamento de España que garantiza esta pluralidad. El PP está representando y todos los grupos, la paridad también. Tienen derecho a sus recursos, pero la propuesta es la referida», contestó Pizarro. Rojas invocó al artículo 78.2. Pizarro recordó: «Yo presido el Parlamento El único desorden de la Cámara lo plantea usted». «Invoco al letrado del Parlamento», señaló Rojas. «No le voy a dar la palabra», dijo Pizarro, como tampoco se la dio a la diputada afectada, Patricia del Pozo. «La voy a llamar al orden». A las 14:02 estaba constituida la mesa. Los nuevos grupos ya conocen que la Mesa no es un sistema como el SIRI, que contesta preguntas, sino que puede ejecutar órdenes. «Quien siembra vientos recoge tempestades», se barruntaba en el ambiente. El PSOE, después de tres décadas gobernando, conoce los entresijos del vendaval para crear una central eólica. El Legislativo quedó constituido con la dialéctica de los cañones, falta el Ejecutivo, para el que tampoco hay consenso; por más que en los últimos tiempos el poder con más presencia en Andalucía sea el Judicial.